México.- A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y dos años después de que se instalara el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso, este órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final de labores, en el que analiza las principales anomalías, deficiencias y omisiones detectadas en la investigación realizada por el gobierno mexicano.
La conclusión es drástica: “A pesar de todas las diligencias contenidas en un expediente de más de 618 tomos, las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral (…) muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, sobre todo, cuando se trata de indagatorias relacionadas con la participación de agentes del Estado en el ataque a los normalistas.
A continuación, te presentamos un resumen de estas irregularidades y omisiones en la investigación, destacadas por la CIDH.
El informe del “Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa” de la CIDH analiza diversas irregularidades relacionadas con la operación del Centro de Control y Comando C4 de Iguala, en el que operaban de manera coordinada representantes de todas las instancias de seguridad, tanto locales, como federales, incluyendo al Ejército.Desde el C4, señala el informe, se controlaban las cuatro únicas cámaras de vigilancia en vía pública que se encontraban en operación el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, de las cuales, se extrajeron “10 archivos con fragmentos de video, con una duración muy corta”.
Hasta la fecha, sin embargo, la PGR no ha investigado por qué sólo se preservan versiones editadas de los videos captados esos días por dichas cámaras, ni quién los editó, aún cuando en la misma indagatoria han evidencias que permitirían responder esas interrogantes.
“De acuerdo con la declaración de la funcionaria del C4 (de Iguala) encargada de telecomunicaciones –señala el informe de la CIDH–, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se encargaba de monitorear las cámaras del C4 y de resguardar los videos. Y agregó que después de la desaparición de los estudiantes normalistas, el C4, incluidos los servidores y equipos de cómputo, quedaron bajo resguardo del personal militar.”
El resultado de que los videos hayan sido fragmentados y editados, lamenta el informe de la CIDH, es que “muchas de las imágenes no se aprecian con claridad, lo que imposibilita su análisis”.
Luego del ataque a los normalistas, el C4 de Iguala quedó formalmente a cargo de la Policía Federal y del Ejército, y cuando agentes de la PGR acudieron a dichas instalaciones para intentar extraer los videos originales del servidor de cómputo, fueron notificados “que se descompuso el servidor del C4 donde se almacenaba la información”.
Tal como reconoció la misma Secretaría de la Defensa Nacional días después de la agresión a los normalistas, los hechos fueron monitoreados presencialmente por dos integrantes de lo que el Ejército denominó como “Òrganos de Búsqueda de Información”, que son elementos de Inteligencia vestidos de civil.
Ambos elementos no sólo fueron reportando en tiempo real lo sucedido al mando militar de Iguala (información que llegaba simultáneamente a la Ciudad de México), sino que, al menos uno de ellos también recabó imágenes fotográficas con su teléfono celular.
De dichas imágenes, el Ejército no entregó los archivos originales, y en la averiguación previa de la PGR sólo existe una copia editada, integrada a una presentación en formato Power Point.
La PGR tardó tres años en acudir al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para recuperar dichos archivos originales de la computadora en la que fueron descargados. No obstante, al llegar, el Ejército le notificó que “el disco duro se descompuso y fue reemplazado”.
Tal como revelan registros oficiales incluidos en la averiguación previa por la desaparición de los normalistas, el Ejército vigilaba a los normalistas desde el 25 de septiembre de 2014, es decir, un día antes de los ataques.
Según la declaración de un mando militar, el Ejército actuaba bajo la lógica de que los normalistas buscaban “la confrontación con autoridades a través de la provocación sistemática”, por lo que el objetivo de la vigilancia era poder prevenir a sus Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, sobre posibles ataques de los estudiantes a instalaciones estratégicas, tanto militares como civiles.
En su análisis de la indagatoria realizada por la PGR, el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH recupera la declaración de quien fungía en el momento de los hechos como secretario de seguridad pública estatal, según la cual, en el contexto de los ataques a los normalistas sí fue puesta en alerta una Base de Operaciones Mixtas Urbanas, sin que la PGR haya aclarado hasta la fecha si este hecho implicó la puesta en marcha de operaciones militares en coordinación con el ataque a los estudiantes.
Además de la presunta alteración de las imágenes captadas durante el ataque a los normalistas, la CIDH advierte en su informe final sobre el “Asunto Ayotzinapa” que dos años después de los ataques, en 2016, el Ejército destruyó 16 rifles y nueve fusiles H&K, pertenecientes a policías municipales de Iguala y Huitzuco, ente los que se encontraban armas usadas en la agresión contra los alumnos de la normal rural.
Al respecto, la CIDH concluyó que “la destrucción de evidencia balística de personas que se encuentran privadas de libertad podría constituir una grave falta en el cuidado de las evidencias y de las pruebas que implican a los responsables”.
Con relación al Ejército, por último, el informe de la CIDH también destaca que “obran en el expediente diversas declaraciones ministeriales que hacen referencia a algunos miembros del Ejército, relacionados en parentesco con líderes del crimen organizado”, específicamente con los hermanos Casarrubias Salgado, a quienes la Procuraduría General de la República atribuye el liderazgo del grupo criminal que participó, junto con autoridades, en los ataques a los normalistas.
Aunque se han realizado interrogatorios a estos militares, la CIDH advirtió que “persisten dudas sobre el posible involucramiento de militares, incluso algunos del 27 Batallón en Iguala, con Guerreros Unidos (grupo criminal presuntamente liderado por la familia Casarrubias Salgado)”, por lo que “esta situación requiere una mayor profundidad en la investigación”.
Tal como concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso Ayotzinapa, hasta la fecha la PGR “no ha indagado a profundidad sobre la posible presencia de la Policía Federal en dichos escenarios”, aún cuando en la averiguación previa sí han sido recabadas evidencias de que elementos de esta corporación mintieron sobre las actividades, lugares y circunstancias en las que estuvieron involucrados entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La CIDH llegó a la conclusión de que es necesario “contrastar algunas de las declaraciones de los policías federales con las bitácoras de sus patrullas y sus registros telefónicos”, ya que entre ambos registros hay incongruencias.
“De acuerdo a la bitácora y a la declaración –destaca el informe de la CIDH–, el 26 de septiembre, entre las 23:00 y 23:08 horas, un policía federal se encontraba en la caseta de Iguala. Su desplegado telefónico, por otro lado, contiene información que indica que en ese horario él mantuvo comunicaciones desde las cercanías del Palacio de Justicia y cerca del Periférico Norte”, es decir, los dos puntos en donde se consumó la privación de la libertad de los 43 normalistas desaparecidos.
Irregularidades similares se detectaron en los movimientos de al menos otro de los policías federales presentes en Iguala.
El informe final del Mecanismo de Seguimiento advierte sobre una irregularidad más en la operación del C4, atribuible no al Ejército, sino a la Policía Municipal de Iguala: la aparente eliminación de los informes ciudadanos que durante la noche del ataque a los normalistas se fueron recibiendo en este centro de coordinación de seguridad pública.
En la carpeta de investigación por la desaparición de los normalistas, señala el informe de la CIDH, sólo existen trece papeletas con reportes ciudadanos emitidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y registrados por el C4, en los cuales se advertía de la agresión a los estudiantes.
Según las declaraciones del personal del C4, el día de los hechos, todos los reportes relacionados con el ataque a los normalistas fueron canalizados, para su registro, al operador Alejandro Tenescalco.
Sin embargo, cuando el jefe de este operador fue consultado por las autoridades en torno al número de papeletas entregadas por su subordinado, este funcionario alertó a las autoridades que “no son todos (los reportes ciudadanos atendidos esa noche), pues yo recibí muchísimas llamadas” canalizadas al operador Tenescalco.
De todas ellas, Telescano sólo entregó trece.
Al investigar al operador Alejandro Tenescalo, también se encontraron pruebas de que el día de los ataques se comunicó con policías de Taxco, Teloloapan, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, corporaciones de las que también participaron en el ataque a los normalistas, según indicios recabados por la autoridad, aunque no investigados a cabalidad.
La CIDH puso de relieve, por ejemplo, que la PGR tardó cuatro años en solicitar a estos cuerpos de policía municipal sus bitácoras de actuación, y las listas de personal, patrullas y armamento usados el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El resultado de esa tardanza fue, por ejemplo que mucha de la información no se preserve, o no se presente con pretexto del tiempo transcurrido, “Tal como sucedió en el municipio de Taxco de Alarcón, que se encuentra ubicado a 36 kilómetros al norte de Iguala (…) al solicitar información, la PGR fue informada que dicho municipio no contaba con las hojas de vida de los policías municipales en la fecha de los hechos, ni de los recorridos que hicieron”.
En otros casos, como en Tepecoacuilco, la policía municipal sí entregó sus bitácoras, pero a partir de los movimientos de los teléfonos celulares de los agentes de esa localidad, se pudo comprobar que la información era falsa, y que se buscaba ocultar la participación de dichos elementos en el ataque contra los normalistas en Iguala.
El informe de la CIDH destaca que “según información que obra en el expediente, la noche del ataque a los estudiantes, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública de Tepecoacuilco realizó un viaje a la ciudad de Iguala por la tarde, dato que no ha sido profundizado por parte de la PGR”.
Además, una patrulla de Tepecoacuilco pudo ser identificada en las cercanías de Sábana Grande, un punto carretero en el que personas armadas, no identificadas, instalaron un retén luego de los ataques a los normalistas. Este retén, no obstante, nunca fue reportado por los tripulantes de dicha patrulla.
Según las bitácoras, una patrullero más se reportó a las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014 en la comandancia de Tepecoacuilco luego de, supuestamente, tomar un curso durante las horas previas. No obstante, los registros de su teléfono celular lo ubican en el centro de Iguala, entre las 8 y las 10 de la noche, evidencias sobre las que la PGR no ha realizado ninguna indagatoria.
Por otra parte, la CIDH destacó también el caso del municipio de Pilcaya, cuyo jefe de policía también fue ubicado por sus elementos en Iguala, el día de los hechos, sin que se investigara la razón.
Hasta la fecha, tampoco no ha quedado esclarecido por qué el Ejército desarmó a la policía de Pilcaya luego del ataque a los normalistas, ni se ha investigado a dos elementos que renunciaron a esta corporación un día después de los hechos, y luego salieron de México.
Entre las evidencias incluidas en la averiguación previa, puestas a la luz por el informe final del Mecanismo de la CIDH, destaca la existencia de un centro de detención en Iguala, en el que, hasta ahora, no se ha puesto la suficiente atención: el Centro de Operaciones Estratégicas ubicado en el municipio de Iguala, instalaciones en las que operaban de manera coordinada agentes del Ministerio Público de Guerrero, de la Policía Municipal, de las policía Ministerial y de Seguridad Pública del Estado, así como de la PGR y el Ejército.
Tal como quedó en evidencia a partir de declaraciones de diversos funcionarios estatales y municipales, las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas de Iguala funcionaba como un centro de detención, en el momento en que los estudiantes fueron atacados.
Tal como consta en el informe de la CIDH, un día después del ataque a los normalistas, el 28 de septiembre de 2014, un policía investigador de la Fiscalía de Guerrero y un perito en criminalística acudieron al Centro de Operaciones Estratégicas, cuyo titular era un funcionario de la PGR, con la intención de buscar ahí a los estudiantes desaparecidos.
“Sin embargo –señala la CIDH, con base en las pruebas reunidas por el gobierno mexicano– su acceso no fue permitido.”
De hecho, las autoridades encargadas de la búsqueda de los normalistas sólo pudieron acceder a este centro de detención hasta julio de 2017, tres años después de la desaparición de los estudiantes, momento para el cual no pudo ser detectado ningún elemento que pudiera ser útil para su localización.