JUAN R. HERNÁNDEZ

GRUPO CANTÓN

El 16 de abril del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el memorándum que enviará a los secretarios de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma; de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, en el que instruye dejar sin efecto la reforma educativa.

“En tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas”, versaba el documento suscrito por el presidente esa mañana.

Ahí explicaba que el objetivo de la 4T es consolidar una reforma constitucional aceptada por todos, que garantice la educación pública obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita, en todos los niveles escolares.

En su propuesta, el presidente estipuló que la SEP administrará las plazas magisteriales a fin de evitar su tráfico y prácticas de corrupción; se garantizaba la contratación de maestros egresados de las normales públicas y se reinstalaría a los docentes cesados por la aplicación de evaluaciones punitivas. Asimismo, la SHCP asumiría el control de la nómina del sector educativo para evitar ‘aviadores’, el pago a los maestros y desterrar prácticas de corrupción.

También se instó a la Secretaría de Gobernación para agilizar el trámite de liberación de maestros encarcelados y la reinstalación inmediata de todos los despedidos “víctimas de evaluaciones punitivas”.

Y fue precisamente el 15 de mayo del 2019, cuando el presidente López Obrador celebró la cancelación de la reforma educativa y la aprobación de una nueva reforma en las cámaras de Diputados y Senadores y en más de la mitad de las legislaturas estatales.  Sostuvo que el error de la “mal llamada reforma educativa” consistió en no tomarlos en cuenta e imponer sin consultar a los maestros ni al pueblo de México.