Mazatlán, Sinaloa

Francisco Javier Rebolledo, juez sexto de distrito en materia administrativa, concedió el 28 de septiembre una suspensión para frenar el fallo del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en el que se ordenó al SNTE publicar el padrón de más de 35 mil afiliados a la Sección 27 del sindicato, con sede en Sinaloa.

El INAI había ordenado difundir estos datos el 22 de agosto en una votación dividida, en la que la mayoría de los comisionados consideró que debe prevalecer la Ley General de Transparencia, publicada en 2015, sobre la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que está vigente desde 2010 y que obliga a los sindicatos a proteger la información de sus socios.

La primera ley pone a los sindicatos que reciben recursos públicos como sujetos obligados, mientras que la segunda protegería los datos personales de los maestros, entre ellos su afiliación gremial.

Los comisionados que votaron a favor sostuvieron que, por tratarse de servidores públicos y beneficiarios de prestaciones financiadas con recursos del erario, sus nombres no pueden ser protegidos.