CIUDAD DE MÉXICO
A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), este jueves la extitular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, comparecerá ante un juez para responder por su participación en la llamada “Estafa Maestra” y por señalamientos de corrupción.
Julio Hernández Barros, abogado de la exfuncionaria en la pasada administración federal, dio a conocer que sí existe un riesgo de que su clienta sea detenida cuando acuda a la audiencia prevista a las 11:00 horas en el Reclusorio Sur.
Sin embargo, afirmó que asistirán con pruebas y argumentos para desarticular las acusaciones de desvíos públicos y porque confían en la imparcialidad del juez.
A unas horas de la comparecencia de la exfuncionaria, su abogado reiteró, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que acudirán al Reclusorio Sur con elementos probatorios y no sólo de buena fe, con la confianza de que su clienta no será detenida de último momento.
“Nosotros confiamos, fundada y motivadamente en pruebas, que no hay delitos, y se probará a la opinión pública y al juez que Rosario es inocente, acudiremos con las manos limpias y la frente en alto para acreditar que es libre de toda culpabilidad”, puntualizó.
El 25 de julio pasado, la Fiscalía solicitó a un juez de control en turno de Justicia Penal Federal radicado en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, vincular a proceso a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El delito por el que se vincularía a Robles Berlanga está previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal, y hace referencia a que teniendo conocimiento de su cargo haya afectado los intereses o el patrimonio federal o de la capital del país.
En este caso, aplicaría por afectación al patrimonio federal cuando Robles Berlanga fue titular de la Sedesol (ahora Secretaría de Bienestar), específicamente relacionado con el programa Cruzada Nacional contra el Hambre.
Desde el 30 de julio pasado, Robles Berlanga se dijo objeto de un “linchamiento mediático” que, aseguró, pone en riesgo su integridad, su derecho a la honra y el debido proceso.
Aunque afirmó que en su caso hubo filtraciones indebidas, subrayó que es mujer de instituciones y manifestó su plena confianza en las autoridades judiciales del país.
Tras la solicitud de su comparecencia, el 31 de julio la defensa de la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano interpuso una suspensión provisional a cualquier orden de aprehensión, la cual fue concedida por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal y le fijó el pago de una garantía de 69 mil 500 pesos.
Sin embargo, dicho recurso legal no protege a la exfuncionaria federal de órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
El 4 de agosto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de Rosario Robles, investigada por un supuesto pago de 77 millones de pesos para el levantamiento de encuestas que serían aplicadas a más de seis millones de personas, pero sólo fueron entrevistadas un millón 48 mil 575.
La víspera, el titular del Juzgado, Patricio Vargas Alarcón, negó la suspensión definitiva que había solicitado Rosario Robles, al no existir una orden de aprehensión en su contra.