El empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), sí será extraditado a nuestro país, confirmó la Audiencia Nacional de España, este viernes.
La Audiencia Nacional de España desestimó el recurso de súplica presentado contra la autorización de la extradición a México del presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, para que haga frente a las acusaciones de fraude y corrupción que pesan sobre él, en nuestro país.
El pasado mes de julio, el empresario depositó una fianza de un millón de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para poder salir de prisión con medidas cautelares mientras se tramitaba su entrega.
En un auto dado a conocer este viernes, el Pleno de la Sala de lo Penal de este órgano confirmó de forma unánime la entrega de este empresario al considerar que los hechos por los que le persigue la justicia mexicana también son delito en España y concurre por ello el principio de doble incriminación.
La justicia mexicana investiga cuatro transferencias económicas emitidas entre junio y noviembre de 2012 de Altos Hornos de México SA a la empresa Tochos Holding, vinculada al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, por un importe de 3.4 millones de dólares.
En noviembre del mismo año Emilio Lozoya adquirió un inmueble en una zona residencial de Ciudad de México y un mes después, una vez elegido director general de Pemex propuso rehabilitar y después adquirir una planta para producir fertilizantes propiedad de AHMSA que llevaba inactiva 14 años y que se adquirió por 275 millones de dólares, cuando su valor de tasación se fijó en unos 58 millones de dólares americanos.
Los hechos investigados, según los veinte magistrados que conforman la Sala de lo Penal de la Audiencia española, encajarían en delitos de cohecho, lavado de dinero, fraude o incluso en malversación de recursos públicos por lo que, según el tribunal, “refuerza la argumentación de la instancia de que no se vulnera el principio de doble incriminación”, concluyen los magistrados.
El auto argumenta que Alonso Ancira cooperó en el lavado de dinero de Lozoya, al ejecutar el concierto delictivo previo, “pagando por adelantado (dádiva, mediante las correspondientes transferencias desde AHMSA a Tochos, de claro origen delictivo, pues el cohecho lo es) la contraprestación por la que espera y consigue que el señor Lozoya, cuando ya sea director general de la empresa estatal Pemex la contrapreste, mediante la adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además los intereses públicos”.
La Sala descarta la prescripción alegada por la defensa del empresario al considerar que tanto la Fiscalía como un juzgado mexicano han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana.
Rechaza igualmente los argumentos sobre una presunta persecución política alegada igualmente por el empresario en tanto que se persigue un delito común “de clara corrupción donde deviene ínsita legalmente la existencia de una Autoridad política, que no es la persona del reclamado, sino su contraparte, y donde se denuncia un fraude por sobre precio en la compra de una inservible y obsoleta planta de agro nitrogenados que produjo un enorme perjuicio económico a las arcas públicas mexicanas y una contraprestación en un inmueble de lujo en Ciudad de México que es lo que constituye el núcleo de los que se persigue ante el hecho de haber pretendido y momentáneamente conseguido ocultarlo”.
Insiste en que, según los indicios, Ancira introdujo en el mercado lícito mexicano el bien inmueble investigado mediante tan complicada operación con triangulación de envíos económicos al extranjero, a empresa constituida en un paraíso off shore, en entregas fraccionadas de dinero, con la utilización de un testaferro familiar, y gran perjuicios al dinero público, circunstancias que, objetivamente, nada tienen que ver con la persecución política”.
De acuerdo con la justicia mexicana, Ancira está acusado de varios delitos de corrupción en colaboración con otros miembros de la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, como con Emilio Lozoya, también detenido en España, en relación a unos negocios con la brasileña Odebrecht.
Con información de Europa Press.