Al menos cinco empresarios que adquirieron terrenos al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) durante el periodo de Roberto Borge Angulo, rescindieron los contratos de compra-venta con este organismo al desconocer que esos predios ya tenían dueños y piden que se les devuelvan los más de 20 millones de pesos que pagaron por ellos.

Uno de los afectados comentó a Quintana Roo Hoy que como desarrolladores adquieren tierras que tengan certeza jurídica, ya que de esa manera garantizan su inversión y que al ser el IPAE la instancia que les vendía, no podían desconfiar de una dependencia oficial.

Dijeron que el IPAE, bajo el mando de Claudia Romanillos, nunca les comentó que las tierras ya tenían propietarios, pero que aun así las incluyeron en la lista de propiedades del estado y las vendieron.

“De saber que compraríamos un problema no hacemos el negocio, nosotros compramos de buena fe y una instancia oficial, porque necesitábamos el predio”, afirmó el entrevistado que prefirió mantener el anonimato.

VOLVERÁN A SUS DUEÑOS
Comentó que, después que fueron a inspeccionar el predio, observaron a varias personas en el interior y temieron que les invadieran, pero luego de varias diligencias y demandas, supieron que una de ellas tenía un título de propiedad del área y que el IPAE había sobre escriturado esa tierra para venderla.

Ante esa situación, optaron por rescindir el contrato de compra-venta con el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública, al igual que otros empresarios que adquirieron propiedades en Tulum que estaban invadidas, y ahora buscan que el gobierno estatal les regrese el dinero (o parte del recurso) que pagaron por los predios que les vendieron en forma irregular.

Algunos de los empresarios y dueños de predios que fueron despojados de sus tierras a través de juicios laborales falsos, buscarán recuperar las posesiones, a través de recursos de impugnación que les dará entrada la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

¿Quién es Claudia Romanillos?
Claudia Romanillos está incluida en la lista de funcionarios de la administración pasada que fueron denunciados por presuntos delitos en contra de los bienes del patrimonio estatal.
La ex directora general del IPAE figura en las investigaciones como involucrada en el remate ilegal de predios públicos en beneficio de un selecto grupo de familiares y personajes afines al ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Romanillos Villanueva llegó al máximo cargo del IPAE en 2011, tras haberse desempeñado como secretaria particular de Roberto Borge. Días antes de concluir su periodo fue llamada a comparecer por el Congreso del Estado para que informara sobre el manejo discrecional con que se habían operado remates y regalos de bienes públicos.

El 21 de septiembre de 2016, en sesión de Comisiones de la XV Legislatura, Romanillos Villanueva no supo qué responder ante las pruebas documentales que le presentaron los diputados sobre estos malos manejos, y evidenció que desconocía totalmente sus propias funciones.

En mayo de 2017, el Juez Séptimo de Distrito otorgó una suspensión provisional a Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) del gobierno de Roberto Borge Angulo.

Juicios apócrifos
Catalina Portillo Navarro, titular de la STyPS en Quintana Roo, reconoció que en varios de los juicios labores apócrifos que se entablaron en contra de empresas u hoteles, mismos que sirvieron para despojar de tierras en la zona continental de Isla Mujeres, Cancún y Tulum, aparece el nombre de Samuel Aguilar, presunto prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

La funcionaria aseguró que hay incidencia en varios casos con el nombre de un trabajador que tienen diversos juicios en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Cancún, en donde les resultaron favorables.

En cada uno de los juicios en donde aparece esta persona, los afectados podrán interponer sus recursos de impugnación, recursos de revisión o amparos ante el Tribunal o Juez de Distrito, para volver a retomar el caso y analizarlo en forma correcta.

“Si en un momento dado la persona fue afectada por un juicio laboral en el cual no se le notificó, se fue en rebeldía o lo despojaron, se tiene que recurrir a la justicia federal para que lo proteja y se reponga todo el procedimiento y le restituyan los bienes que les fueron despojados”, recalcó la funcionaria estatal.

Eloy Peniche Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, reconoció que hay empresarios de la agrupación que se vieron afectados con la venta irregular de sus predios y lo único que quieren es recuperarlos. (Renán Moguel/Quintana Roo Hoy)