Contratos de renta de maquinaria para obras ficticias, de construcciones que no se hicieron, sobreprecios en la obra emblemática de la pasada administración y verse involucrados en la adquisición de tierras con precios por debajo de su costo comercial, serían parte de los señalamientos que presuntamente le imputa la Procuraduría General de la República (PGR) a Fernando Escamilla Carrillo y Juan Pedro Mercader Rodríguez, ex titular de Sintra y ex secretario de Seguridad Pública, respectivamente.

Al término de la administración borgista, el nuevo gobierno se avocó a realizar auditorías en todas las secretarías, pero en especial a Infraestructura y Transporte (Sintra), en donde al final se detectaron diversas anomalías.

Entre las irregularidades confirmadas en la dependencia que tenía a su cargo Fernando Escamilla Carrillo, se encontró una serie de contratos de renta de maquinaria para obras que se realizaron en diferentes municipios, pero que nunca se llevaron a cabo. Fueron rentas ficticias.

¿Y EL DINERO?
El monto que se pagó en renta de maquinaria fue de mil 500 millones de pesos, que hasta el momento se desconoce su paradero y el de las empresas a las cuales se les contrató maquinaria.

Entre las investigaciones realizadas en la dependencia llamó la atención de la auditoría, la revisión de obras que no se llevaron a cabo, pero que algunas fueron incluso revisadas por la Gestión Pública Federal.

Estas irregularidades se encuentran entre las denuncias correspondientes que interpuso el gobierno del estado y en donde Escamilla Carrillo o los ex funcionarios involucrados tendrán que defender en su momento o revelar en dónde aplicaron los recursos, situación que está en manos de la autoridad correspondiente.

Aunado a esto, en la magna obra de la administración borgista denominada “Auditorio del Bienestar”, la auditoría encontró un sobreprecio de entre 60 y 70 millones de pesos, al igual que en los domos deportivos que se construyeron en todo el estado.

ADQUISICIÓN DUDOSA
Aunque el trabajo de Mercader Rodríguez al frente de la corporación policiaca fue catalogado como regular, su pasado al frente de dependencias estales como la subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, cargo al que llegó después de ser titular del Instituto la Vivienda y Regularización de la Propiedad, organismo que desapareció Borge Angulo en 2013, como parte de la “reingeniería” administrativa de su administración, le cobró factura, ya que presuntamente se le relaciona con la adquisición y/o venta de predios propiedad del estado a precios por debajo de su valor real.

Fabiola Cortés, presidenta de la agrupación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, dio a conocer en su momento que entre los empresarios, políticos y funcionarios de la administración de Borge Angulo que se vieron favorecidos con tierras estaba Promotora y Constructora del Caribe.

Esta empresa, propiedad de Juan Manuel y Juan Enrique Mercader Rodríguez, hermanos del ex titular de Seguridad Pública, adquirió un predio de 269 mil 628 metros cuadrados en Tulum en el cual pagaron 59 pesos el metro cuadrado, para un total de 32 millones 355 mil 406 pesos y que después gravaron por un crédito de 72 millones 642 mil pesos otorgado por Hipotecaria Casa Mexicana.

A pesar de que entre las cláusulas del IPAE se menciona que el gravar el terreno era motivo de revocación del acuerdo y el predio tendría que ser regresado a la dependencia estatal, esto no se hizo.

PGR busca a tres playenses
Entre las órdenes de aprehensión que giró la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de políticos locales por presunto desvío de recursos federales se encuentran tres avecindados en el municipio de Solidaridad, específicamente en Playa del Carmen.

Ellos son: Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la secretaría de Finanzas del estado; Mauricio Góngora, ex presidente municipal de Solidaridad y Gabriel Mendicuti, ex secretario de gobierno del estado, todos durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

Guillermo Molina, miembro de la familia dueña de la naviera Molina-Aviomar, conocida comercialmente con el nombre de Barcos México, es originario de Mérida, Yucatán, pero radica en Playa del Carmen. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y el mal manejo de los recursos estatales, además de la venta ilegal de terrenos.

Se le involucra, asimismo, en un acto de corrupción con su predecesor en el cargo, Mauricio Góngora Escalante, pues ambos habrían asignado obras públicas para introducir servicios en predios privados de su propiedad y de allegados, por un monto de 65 millones de pesos.

Además tiene un proceso de juicio político en su contra en el Congreso local por el presunto desvío de 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje que no fueron entregados a los fideicomisos de promoción turística de Quintana Roo. Guillermo Molina no se presentó a la audiencia realizada días atrás.

Por último, se debe mencionar la carpeta de investigación FED/YUC/ PROG/0000114/2016 abierta por la PGR en contra de Juan Pablo Guillermo para indagar los delitos de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, y tráfico de influencias, en la adquisición ilegal de 300 hectáreas de terrenos ejidales en Yucatán.

Mauricio “limpió” Solidaridad
Otro político en la mira de la PGR es el ex alcalde de Solidaridad y ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, quien tiene que comprobar el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la Comuna playense.

Existen recibos de transferencias, firmados por Góngora, que muestran la entrega de recursos de parte del ex subsecretario técnico de Hacienda Eliezer Villanueva Lanz, hoy prófugo y señalado como uno de los principales operadores del ex gobernador Roberto Borge.

Mendicuti vivía del erario
Tras su paso por la presidencia municipal de Solidaridad, Gabriel Mendicuti Loría, vio multiplicarse su fortuna personal, que fue incrementando conforme tuvo diferentes cargos en la administración estatal. Según datos del Registro Público de la Propiedad tiene 18 bienes en Playa del Carmen.

Mendicuti Loría es uno de los 11 funcionarios implicados en el expediente de VIP Saesa, ya que autorizó contratos y pagos por concepto de servicios aéreos.

Como parte de este expediente ya fue detenido el exdirector de la aerolínea, quien permanece en el Cereso de Chetumal. (Gerardo González/Redacción/QUINTANA ROO HOY)