ALEJANDRA GALICIA
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- La baja productividad así como el incumplimiento en los procesos y tiempos de las actividades legislativas como los atrasos en las designaciones de titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (Ceaveqroo) deberían ser sancionables, sin embargo, no existen mecanismos legales para hacerlo, denunció el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra.
Sobre las designaciones comentó que es importante que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso de Quintana Roo no manejen el proceso para colocar personas afines al gobierno o un grupo de diputados, ya que se necesitan figuras con perfiles adecuados que representen a los colectivos o asociaciones civiles que defienden derechos humanos en la entidad y dan atención a víctimas.
“Es muy importante que no se politice o no se vea que es un puesto para colocar a personas afines a alguien, al gobernador o un grupo de diputados”, dijo el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.
Explicó uno de los problemas que se sigue sosteniendo en los congresos locales y en el gobierno estatal que incluso ya están por finalizar sus períodos en septiembre de este año, es que no existen mecanismos legales ni ciudadanos para sancionar el incumplimiento de los objetivos que plantean ambos poderes, así como tampoco se puede sancionar la baja productividad que tienen los diputados que no asisten a trabajar o a funcionarios que incumplen en sus labores de gestión con el sector público y privado.
Agregó que lo más grave que llega a suceder cuando se presentan quejas por la falta de productividad de congresistas locales es que se les envíe alguna sanción administrativas por lo que es necesario hacer regulaciones en sus leyes internas como la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
“Desafortunadamente hay situaciones en donde no hay manera de poder establecer más que una sanción moral, por ejemplo el plan estatal de desarrollo hicimos el análisis no se cumplió en su totalidad y no pasa nada, que no se hayan cumplido las metas publicadas en el periódico oficial donde se planteaban los objetivos de este gobierno que está saliendo simplemente puede ser la excusa de la pandemia o cualquier otra, pero falta que las leyes tengan esa parte sancionadora para que si no lo cumple el ciudadano o la autoridad pueda ser sancionada”, explicó Eduardo Galaviz Ibarra.
El presidente del Observatorio dijo que con la llegada de la XVII Legislatura buscarán con los nuevos diputados un acercamiento para generar herramientas que contribuyan a mejorar la productividad legislativa.
El Observatorio en su último análisis publicado en junio, mencionaron que la XVI Legislatura en tres años de trabajo presentó 690 iniciativas de las cuales 255 fueron decretos, equivalente al 37% del trabajo legislativo el cual estaban obligados a atender y aprobar por ley, ya que se trataron de decretos fiscales, reformas a los códigos, constitución y leyes, por lo que fue considerado por el organismo civil como un congreso poco productivo, ya que la XV hizo el 67% en esta área.