CANCÚN,Quintana Roo.-La falsificación de documentos y los juicios laborales simulados fueron los métodos empleados para el despojo de una cantidad hasta ahora indeterminada de inmuebles y demás bienes particulares.

La Secretaría del Trabajo cada vez encuentra más y más casos en los que se configura la colusión de autoridades, despachos de abogados y notarías para llevar a cabo los despojos.
Los juicios laborales ilegales involucran a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en Cancún y Playa del Carmen.

Un ejemplo de ellos es el de los 20 pseudoempleados de la empresa Maioris Towers que se adjudicaron cuatro departamentos, reclamando a la empresa una indemnización de 1.4 millones de pesos por propiedad, luego de haber ganado sendos juicios laborales.

El otro método de despojo remite a la Notaría 22, a cargo de Yolanda Solís Olveres, quien recibió en 2014 el nombramiento de notaria titular de manos del propio ex gobernador Roberto Borge Angulo.

En total, 19 operaciones de despojo de los departamentos Maioris se realizaron a través de la misma Notaría 22. Aunque en los 19 casos varían las formas, en términos generales se aplicó el mismo método, mediante el cual no sólo se configura el delito de fraude y falsificación de documentos, sino el de lavado de dinero, pues mediante la inscripción extemporánea de las operaciones ante el Registro Público de la Propiedad pretendieron evitar reportar las transacciones a la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que desde 2015 obliga a enterar de todos los movimientos arriba de 500mil pesos.

En todos los casos se expidió una constancia de libertad de gravamen al momento de elaborar las escrituras en 2011, cuando el inmueble en ese año tenía aún, un gravamen hipotecario, el cual se cancela hasta 2015, entonces se deduce que obtuvo el certificado necesariamente con la complicidad de más personas.

Además de Maioris, hay nuevos casos que están surgiendo luego de que los afectados han comenzado a interponer sus correspondientes recursos de defensa, tras darse a conocer a nivel nacional las prácticas de corrupción cometidas por ex funcionarios de la Secretaría del Trabajo.

Es decir, hay casos que ni siquiera han sido identificados por la propia Secretaría del Trabajo, de manera que aún no se sabe a ciencia cierta el monto ni el número de inmuebles ni el número total de juicios simulados que se realizaron durante la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo. (Jesús Vázquez/QUINTANA ROO HOY)