Redacción / Grupo Cantón Tras su captura en una operación estadounidense, Nicolás Maduro quedó detenido en el MDC Brooklyn y designó como abogado principal a Barry Pollack, penalista que participó en la negociación que liberó a Julian Assange. Nueva York.- Nicolás Maduro designó como abogado principal a Barry Pollack, el penalista estadounidense que ganó notoriedad internacional por su rol en la negociación que permitió la salida de prisión de Julian Assange. El registro de representación figura en el expediente abierto en la jurisdicción federal de Manhattan, donde el exmandatario venezolano tuvo su primera comparecencia tras ser capturado en Venezuela en una operación atribuida a Estados Unidos. Un punto clave del encuadre judicial es su lugar de detención. Según reportes de ABC News y Reuters, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron alojados en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, la cárcel federal de Nueva York destinada a detenidos de alto perfil. Allí podría quedar bajo un régimen de custodia reforzada o aislamiento, en función de los riesgos de seguridad dentro del penal. La causa tiene un fuerte impacto político, pero avanza con formato de acusación penal clásica en Estados Unidos. El Departamento de Justicia sostiene que Maduro lideró durante años una estructura estatal que facilitó el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense, con apoyo de actores armados y redes criminales. El expediente menciona vínculos con las FARC y el ELN, además de referencias a carteles mexicanos y a la banda Tren de Aragua, e incluye cargos por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas, delitos con armas y lavado de dinero. En ese contexto se explica la elección de Pollack, socio del estudio Harris, St. Laurent & Wechsler, con experiencia en litigios federales complejos y acuerdos de alto impacto. Además del caso Assange, su trayectoria incluye la absolución de un excontador vinculado a Enron y la exoneración de Martin Tankleff tras 17 años de prisión. Para el chavismo, la estrategia apunta a una fiscalía experta como el Distrito Sur de Nueva York y a una defensa que no solo discutirá pruebas, sino también la legalidad de la captura y la jurisdicción, un giro incómodo para un régimen que suele denunciar a Washington como enemigo.