JUAN R. HERNÁNDEZ

GRUPO CANTÓN

El 20 de mayo del 2019, entre sus primeras acciones de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para terminar con la condonación de impuestos, que en esos años se estimaba que habría sido de poco más de 400,000 millones de pesos”.

Ese día, el mandatario aseguró que, en los hechos, la condonación de impuestos era “un huachicol de cuello blanco”, por lo que al eliminarlo, habría un principio de progresividad. 

“Que contribuyan más, quienes más ingresos tienen”.

Luego de firmar este decreto, se desato una campaña por parte de 15 grandes empresas quienes en todo momento intentaron presionar al gobierno federal a fin de evitar que fueran requeridas para cumplir con sus pagos. 

Una y otra vez, AMLO se mantuvo firme y en la conferencia matutina del 2 de octubre del 2019, aseguró que las condonaciones de impuestos fueron “un mal sueño, una pesadilla”.

En el Salón Tesorería reveló que entre 2007 y 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había condonado impuestos a políticos y artistas, por un equivalente a 745 mil 78 mdp, lo cual consideró injusto y hasta ofensivo para los miles que pagan sus impuestos. 

Así, 5 de noviembre de 2019, el Pleno de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó reformas para prohibir la condonación de impuestos en los términos que fijan las leyes, al modificar el primer párrafo del artículo 28 de la Carta Magna. La reforma, publicada en el DOF el 6 de marzo de 2020, tuvo el propósito de disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda pública que redundaría en mayor recaudación y disponibilidad de recursos para desplegar programas de desarrollo.

Con ello, se buscó desmantelar los esquemas generados para favorecer a grandes contribuyentes por vía de la condonación de sumas cuantiosas, bajo el amparo de una laxa regulación legal y de múltiples lagunas jurídicas que permiten un amplio arbitrio gubernamental.