Como presidente del Consejo de Administración de Pemex en 2011, José Antonio Meade, entonces secretario de Energía, apoyó el contrato entre Pemex y las empresas Idesa y Braskem, filial de Odebrecht, para instalar la planta petroquímica Etileno XXI, pese a que los consejeros advertían que la empresa mexicana sería afectada al impulsar un negocio privado de esa naturaleza, como finalmente ocurrió.
En la sesión realizada el 29 de abril de 2011, los consejeros criticaron que el contrato no hubiese sido analizado por el Consejo de Administración de Pemex, máximo órgano de dirección; aunque la ley no establecía como requisito que el Consejo autorizara ese tipo de contratos, en este caso era necesario dadas las “implicaciones estratégicas de alto impacto” para la empresa mexicana.
Sin embargo, el entonces presidente del Consejo, en su calidad de secretario de Energía, José Antonio Meade, aclaró que “no existía ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al Consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente”.
Dicho contrato se había realizado el 25 de febrero de 2010 entre Pemex y Braskem (filial de Odebrecht) e Idesa para que la empresa mexicana les vendiera 66 mil toneladas de etano diario y echar andar la planta Etileno XXI, en la que producirían polietileno.
Como cláusula, los empresarios pidieron al gobierno mexicano incrementar el arancele a las importaciones de polietileno, lo que implicaba afectar a sus competidores. En 2016, el presidente Enrique Peña Nieto impuso el arancel.
En el acta de consejo, solicitada vía transparencia por un ciudadano y analizada por la plataforma Méxicoleaks, los consejeros expusieron que Etileno XXI, “no es un proyecto integral para la industria petroquímica nacional, como se ha venido planteando, pues afecta negativamente al principal jugador de esta industria, que es Pemex. Se trata más bien de un proyecto que impulsa al sector privado, a costa de una subutilización de capacidad instalada y de un subejercicio presupuestal en Pemex Petroquímica”, advirtió el consejero Rogelio Gasca Neri.
Los años confirmaron la previsión. Pemex vendió el etano a Etileno XX por debajo del precio de mercado, lo que ha representado una pérdida de mil 900 millones de pesos, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública de 2016. Además, para que Pemex pudiera cumplir con el volumen prometido de etano, tuvo que comprar a otras empresas de Estados Unidos este año.
En la sesión del Consejo de Administración del 29 de abril de 2011, el Comité de Estrategia e Inversiones de Pemex, encargado de auxiliar al consejo en la aprobación de las directrices, prioridades y políticas generales de las inversiones de la empresa, presentó dos posturas sobre la planta Etileno XXI, cuyo contrato se había firmado un año antes.
El Comité de Estrategia e Inversiones Añadió de Pemex había hecho un análisis sobre el proyecto Etanol XXI, y reclamaba las “implicaciones estratégicas de alto impacto, sin embargo, el contrato NO se presentó al Consejo de Administración de Pemex, ni se ha discutido la estrategia de largo plazo (…)”.
El consejero Héctor Moreira Rodríguez no estaba en contra del contrato, pero pedía ser “cuidadosos con sus implicaciones como, por ejemplo, la disponibilidad del etano y las correspondientes penalizaciones en caso de fallar el suministro”.
Los argumentos de crítica incluían que Etileno XXI “se presenta como un contrato de suministro cuando es realmente una decisión con enormes impactos estratégicos, lo cual representa una omisión de la administración”.
Por eso los consejeros insistieron en conocer la “ruta estratégica a seguir en términos de contratación y en términos de la participación de la empresa en este proyecto”.
Sin embargo, no obtuvieron respuestas a esas interrogantes por parte del presidente del consejo, José Antonio Meade, sino el argumento que el contrato se había realizado en los términos legales de Pemex.
Meade dijo que en el futuro el Consejo de Administración debería tener acceso a contratos de interés; pero “en el caso comentado, el proceso se había cumplido a cabalidad, tal como ya lo había asentado el Abogado General”.
Aunque el consejero Rogelio Gasca Neri no estuvo presente, envió sus argumentos por escrito y calificaban la estrategia de Pemex como “inaceptable”, porque optó por “incrementar la producción de petroquímicos en el sector privado, a costa de Petróleos Mexicanos (…) sin ningún beneficio tangible para el consumo nacional”.
Alertó que “Pemex va a estar importando gas y crudo para venderlos con un 20% o un 30% de descuento respectivamente. Amén de no cobrar los costos de importación, transporte ni de separación del etano”.
También criticó que la fórmula de venta del etano al consorcio Braskem-Idesa establecida en el contrato, pues de acuerdo a su análisis, significaban pérdidas para Pemex. Esto porque la tarifa se había fijado con el precio de referencia Henry Hub Natural Gas, lo cual “muestra la poca profundidad de ese Mercado y que puede fácilmente ser manipulado. El promedio ni siquiera es ponderado, sino aritmético”.
En el análisis de la fórmula descubrió que habría descuentos para el consorcio y cuestionó el criterio para establecer un factor de descuento del 30% sobre el purity ethane y el 20% sobre el precio de referencia Henry Hub.
Aseguró que México no se aplicaba “ningún descuento de este orden en los precios del gas natural, ni aún al más grande comprador de gas que es el sector eléctrico”, por eso, Gasca propuso la suspensión del proyecto Etileno XXI y abrir un debate interno sobre cuál debería ser la ruta de Pemex y definir las alianzas estratégicas.
Su propuesta no fue aprobada, pero un acuerdo de la sesión estableció que “aunque la Ley de Petróleos Mexicanos y las disposiciones que derivan de ella no prevén el requisito de que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos emita su autorización para contratos de suministro, que se establezca que dichos proyectos sean revisados de acuerdo a los lineamientos que se emitan al respecto”.
Etileno XXI es uno complejo petroquímico establecido en Veracruz que produce 1 millón de toneladas de polietileno, polímero que sirve para la fabricación de plásticos, y en el que se invirtieron 3 mil 200 millones de dólares.
Las empresas operadoras son Grupo Idesa y Braskem, constituida en 2004 en Sao Paula, Brasil y filial de Odebrecht, la compañía que presuntamente entregó sobornos a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, durante la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ser favorecida con obra pública cuando asumiera la presidencia, según reveló Mexicanos contra la Corrupción.
En el contrato con Pemex de 2010, dichas empresas pidieron al Gobierno mexicano incrementar el arancel a las importaciones de polietileno, polímero que producirían en la planta Etileno XXI, lo cual implicaba encarecer los costos para sus competidores.
El presidente Enrique Peña Nieto se los cumplió y el 1 de enero de 2016 firmó un decreto en el que se establece que “el polietileno de baja densidad lineal es una resina con importantes volúmenes de comercialización, resulta conveniente crear una fracción arancelaria específica para dicha mercancía con el arancel a la importación de 5%”.
El equipo de campaña de la coalición Todos por México, que impulsa a José Antonio Meade a la presidencia, indicó lo siguiente respecto a la nota:
“Como el propio texto indica, el contrato en cuestión se firmó el 25 de febrero de 2010. Dado que José Antonio Meade asumió el cargo de Secretario de Energía el 7 de enero de 2011, no tuvo participación alguna en la firma ni en el aval del referido documento. De antemano le agradezco tenga a bien realizar la aclaración correspondiente en beneficio de sus lectores”.
Como lo menciona la carta del equipo de campaña del candidato José Antonio Meade, en la nota de Animal Político se explica que el contrato entre Pemex y el consorcio Idesa y Braskem, filial de Odebrecht, fue firmado en 2010 y la sesión del Consejo de Administración de Pemex ocurrió un año después.
En el acta de sesión, como se consigna en la nota, se encuentran las críticas que expusieron dos consejeros sobre las implicaciones que tendría el contrato para Pemex y que no había sido discutido al interior del Consejo, máximo órgano de la empresa mexicana.
La respuesta que dio el entonces presidente del Consejo, José Antonio Meade, como secretario de Energía, fue que “no existía ninguna obligación de presentar el contrato al Consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente”.