La comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la entrega de tarjetas que simulan ser un monedero electrónico, con propaganda del candidato presidencial Ricardo Anaya, en las que se ofrece que los mexicanos recibirán 1,500 pesos mensuales.
Reportes del diario Reforma indican que, con la oposición de la consejera electoral Pamela San Martín, la comisión determinó que, de acuerdo con los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estas tarjetas que promueven la propuesta de Anaya son válidas.
La queja contra esta forma de propaganda fue interpuesta por Morena, quien denunció la presunta compra y coacción del voto por parte de la coalición Por México al Frente, al repartir estas tarjetas.
Algunas tarjetas que promueven el Ingreso Básico Universal propuesto por Ricardo Anaya incluso fueron entregadas en domicilios particulares, en sobres personalizados con los datos de los inquilinos.
De acuerdo con la consejera San Martín, quien participó de la discusión con voz, pero sin voto, estas tarjetas atentan contra la libertad del sufragio, pues podrían ser una forma de presionar a la ciudadanía.
La consejera reprobó que el PAN, que el año pasado condenó las “tarjetas rosas” que repartió el PRI en Coahuila y el Estado de México, incurra en las mismas prácticas.
“Me preocupa esta actuación de distintos partidos políticos; estamos ante conductas que no abonan al adecuado desarrollo del proceso electoral”, expresó.
Por su parte, los consejeros Claudia Zavala, Adriana Zavala y Benito Nacif, los tres integrantes de la comisión, coincidieron en que, aunque en lo personal no están a favor de este tipo de propaganda, la sala superior del TEPJF ha emitido diversos criterios que establecen su validez.
A partir de la entrega de tarjetas por parte de candidatos del PRI a la gubernatura del Estado de México y Coahuila, como promesa de campaña en las elecciones de 2016, el INE modificó el artículo 43 del Reglamento de Fiscalización para que durante los procesos electorales los partidos o candidatos estuvieran impedidos para entregar directa o indirectamente “cualquier tarjeta, volante, díptico, tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato”.
Sin embargo, el Tribunal Electoral lo echó para atrás, bajo el argumento de que prohibir este tipo de propaganda “resulta desproporcional al restringir la libertad de expresión por proscribir a los candidatos y partidos expresar sus ideas políticas contenidas en la plataforma electoral para la obtención del voto”.