TULUM.- Los vehículos de los vecinos que fueron asegurados, y que resultaron afectados con impacto de bala, por la Fiscalía General del Estado, el día de la ejecución del exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, José Roberto Rodríguez Bautista, aún no se los devuelven denunciaron los afectados.
Entre los afectados se encuentra Paulina Guadalupe Campos Alvarado, residente de la zona desde hace un año, quien ha solicitado públicamente apoyo para la liberación de su unidad.
El ataque ocurrió el pasado 21 de marzo, cuando un comando armado agredió al entonces secretario en las inmediaciones del edificio. La zona fue acordonada de inmediato por elementos de seguridad, lo que impidió a Campos Alvarado regresar a su domicilio esa noche. Al día siguiente, su vecino Isaac Lortia le informó que los vehículos de ambos —incluido un Jeep Wrangler 2015 color verde militar— habían sido retirados por la Fiscalía para ser sometidos a peritajes.
Pese a haber brindado sus declaraciones y cumplido con todos los requerimientos legales, ninguno de los vecinos ha logrado recuperar sus automóviles.
Campos Alvarado señaló que han acudido en repetidas ocasiones al Ministerio Público, sin obtener una respuesta clara ni una fecha definida para la entrega de los vehículos.
“La licenciada Soila nos dijo que debemos ir hasta Cancún para que ella pueda hacer la liberación. Irónicamente, no tenemos cómo transportarnos porque los coches siguen detenidos”, relató.
La afectada añadió que no ha recibido información oficial sobre los daños que pudieron haber sufrido los autos, presuntamente alcanzados por impactos de bala, ni sobre quién cubrirá los costos del corralón o de la grúa.
A ello se suma la incertidumbre legal y el desgaste emocional.
“No estamos relacionados con el atentado, somos ciudadanos que simplemente vivimos aquí y ahora estamos atrapados en un proceso que no avanza”, dijo.
Campos Alvarado consideró que su situación evidencía la falta de protocolos para la atención de víctimas indirectas de hechos violentos en zonas habitacionales, y llamó a las autoridades estatales y municipales a intervenir.
“Solo pedimos que nos devuelvan nuestros coches. Hemos cumplido con todo lo que se nos pidió, pero seguimos sin respuestas”, afirmó.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre el avance en la liberación de los vehículos ni sobre su estado actual. Los afectados confían en que la visibilización del caso permita una pronta resolución que les permita retomar su vida con normalidad.