De la Redacción / GRUPO CANTÓN
KANTUNILKÍN.- Al no ser nominado para su reelección, el actual presidente municipal, Orlando Emir Bellos Tun, hizo una alianza con el ex alcalde y su rival cuando compitió por la alcaldía, Josué Nivardo Mena Villanueva, y con el regidor del Partido del Trabajo (PT), Carlos Betancourt Baas, para bloquear a Ismael Moguel Canto, coordinador de los trabajos de la Cuarta Transformación.
La designación del coordinador de la 4T en Lázaro Cárdenas no es un secreto, fue consensuado en las altas esferas de los partidos de la coalición “Sigamos haciendo historia”, integrada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena)-Partido Verde Ecologista de México (PVEM)-Más Apoyo Social (MAS) y el PT.
Hace días hubo acarreo en varias comunidades para asistir a la inauguración de las “nuevas” oficinas del PT, acto en el que apareció Nivardo Mena, quien durante su administración dejó en abandono a los lázarocardenenses durante la pandemia de la covid-19. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por ocho millones 484 mil 772 pesos, y el gobierno de Emir Bellos no propició acciones para hacer justicia a favor del pueblo, carente de obras sociales.
En la actual administración municipal, los que tienen una vida ostentosa son los regidores incondicionales a Nivardo Mena —Salvador Vargas Rosas, José David Kauil Chimal y Leticia Dzib Mazun— y que dejan mucho que desear porque solo han velado por sus intereses personales; inclusive, cuando se les busca en el palacio municipal, nunca están.
Durante el gobierno de Mena Villanueva, quien firmó y falsificó documentos fue en ese entonces su secretario particular David Kauil, quien fue evidenciado por seis regidores; actualmente presume cuestionar algunas decisiones del cabildo, todo para posicionar a su jefe en su intento por repetir como presidente municipal.
Ineficiencias
Además, datos de la auditoría de cumplimiento 2021-D-23007-19-1569-2022, número 1569 a la cuenta pública del municipio de Lázaro Cárdenas, reveló un faltante de ocho millones 483 mil 772 pesos. En ese dictamen final, la ASF determinó siete resultados con varias irregularidades, una responsabilidad administrativa sancionatoria, así como dos pliegos de observaciones.
El órgano fiscalizador asegura que, en el ejercicio de recursos, el municipio infringió las leyes General de Contabilidad Gubernamental y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Quintana Roo, que habrían generado daños a la hacienda pública por más de ocho millones 484 mil pesos, 95.3 por ciento de la muestra auditada.
En conclusión, el documento señala que el municipio de Lázaro Cárdenas no realizó una gestión eficiente y transparente de las Participaciones Federales a Municipios 2021, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas.
En detalle, la ASF asegura que el municipio de Lázaro Cárdenas y su actual presidente, Orlando Emir Bellos, no proporcionaron la documentación en la que Josué Nivardo Mena justifique, mediante la orden de auditoría número AEGF/2277/2022, de fecha 17 de mayo de 2022, respecto de cuatro contratos por ocho millones 178 mil pesos.
Según la Auditoría Superior, esos “contratos” fueron financiados con participaciones federales de 2021, con cargo a cuatro proveedores: el primero por un millón 27 mil pesos por el pago de “medicamentos a trabajadores del sindicato”; el segundo, por tres millones 364 mil, también por fármacos; otro por tres millones 132 mil por el pago de recolección, tratamiento y disposición final de residuos-.
El cuarto “contrato”, por 655 mil pesos, es referentes al pago de servicios profesionales; sin embargo, todo lo anterior no se pudo verificar, revisar y constatar —con documentación comprobatoria— que las adquisiciones y servicios se realizaron conforme a la normatividad y las especificaciones, plazos y cantidades pactadas en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Miseria y pobreza
La ASF también detectó que el contrato número LC-007-2021 se hizo por adjudicación directa; sin embargo, por el monto tendría que haber sido por invitación a cuando menos tres proveedores, de acuerdo a los montos máximos y mínimos autorizados; empero, no se presentó justificación para ignorar la convocatoria para abastecedores.
Además, en el contrato no se prevé —en sus cláusulas— la cantidad máxima o mínima a ejercer por la adquisición, y solo se presentó de manera presupuestal; de igual forma, no se exhibieron las cotizaciones que permitan acreditar que los precios contratados aseguraron al estado las mejores condiciones económicas.
Asimismo, el órgano fiscalizador asegura que no se presentó el oficio de suficiencia presupuestal y el contrato no se incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones 2021; tampoco se presentó la fianza de cumplimiento correspondiente en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de Quintana Roo.
Y pese a que la ASF muestra el faltante y ordena sancionar a los responsables —en este caso Nivardo Mena—, el alcalde Orlando Emir Bellos no trata de comprobar ni sancionar las irregularidades por la adquisición de bienes y servicios innecesarios, pese a que durante décadas los habitantes de Lázaro Cárdenas han padecido miseria y pobreza.