JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- Luego de varias semanas de incertidumbre, un tribunal federal de Mérida dejó sin efectos la sentencia de febrero pasado que suspendía la Manifestación de Impacto Ambiental de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya.
El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativo en Yucatán aceptó haber dictado dos sentencias contradictorias al revisar la suspensión definitiva que el Juzgado Cuarto de Distrito en marzo de 2021, correspondiente al amparo 89/2021.
La sentencia anulada dejaba sin efecto la Manifestación de Impacto Ambiental que en 2018 la Semarnat le otorgó a Fonatur para los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, los cuales corren desde Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán.
Se suponía que la sentencia era inapelable, es decir, que anulaba la autorización de impacto ambiental que le permitía a Fonatur cambiar el uso de suelo forestal de 800 hectáreas de selva a lo largo de 635 kilómetros en 25 municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán.
El recurso fue promovido por residentes de esos cuatro estados, alegando daños al medio ambiente y su derecho a vivir en un entorno saludable.
“La suspensión conlleva el cese de todo trabajo derivado de tal autorización, que implique deforestación o puesta en riesgo de especies animales y vegetales autóctonas” señala el fallo.
Se lee además en el documento que la MIA es un “requisito indispensable” para las obras en terrenos forestales, por lo que al quedar sin efectos, estas deben parar.
“La autoridad responsable (Semarnat) debe tomar las medidas conducentes a fin de que el titular de la autorización ambiental (Fonatur) detenga su actuar y, por ende, cualquier particular relacionado con dicho titular”, se añade, aludiendo a actores “particulares”, es decir, la compañías constructoras a los que hasta el momento se les han asignado cuatro contratos por un monto de 48 mil 949 millones de pesos.
Ante dicho fallo, el Gobierno federal promovió una aclaración, luego de la cual el tribunal admitió “el error” de haber resuelto por separado dos recursos de revisión contra la misma sentencia.
El tribunal se justificó diciendo que los recursos de revisión fueron enviados en forma separada y desvinculada, lo cual derivó en dos sentencias distintas respecto del mismo caso, una que anulaba la suspensión y la segunda que mantenía la suspensión de la MIA.
INTERPONEN MÁS AMPAROS
Sin embargo, esta misma semana se presentaron más amparos, de hecho, son los primeros en contra de la devastación de selva en el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum ante Juzgados federales.
Uno de los recursos fue interpuesto en el Juzgado Noveno de Distrito por tres buzos de Playa del Carmen, asesorados por asociación civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente (DMAS).
El reclamo es contra la tala de selva atrás del fraccionamiento Real Marsella, a finales de febrero de este año para el tramo 5 norte del Tren Maya, el cual carece de las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Otro de los actos reclamados va contra los permisos que pudieran existir y la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para frenar, clausurar y sancionar la ilegal devastación de la selva, no autorizada a nivel federal.
El recurso también controvierte los decretos de declaratoria de utilidad pública por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), mediante los cuales se anunció la intención de expropiar terrenos en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, para el nuevo trazo del Tramo 5 del Tren Maya.
En la justificación del amparo se expone que el Tren Maya implica severos riesgos al entorno, dada la condición del suelo kárstico en la Península de Yucatán, compuesto por roca caliza, que es altamente porosa, posee alta permeabilidad y es susceptible a desplomes.
Un segundo amparo fue interpuesto por la organización ambientalista, Moce Yax Cuxtal, radicada en el Juzgado Segundo de Distrito.
Dicho recurso pone énfasis en que el nuevo trazo del Tramo 5 carece de permisos tanto de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, como de los correspondientes estudios topográficos, hidrológicos y de viabilidad.
A ello se suma que una serie de denuncias ciudadanas ante la Profepa por el inicio de trabajos que implicaron la devastación de selva, pero la dependencia, en lugar de acudir a inspeccionar y clausurar –como correspondía legalmente– les respondió días después que habían turnado las denuncias a oficinas centrales, en la Ciudad de México, incurriendo en un acto de omisión.