ALEJANDRA GALICIA
GRUPO CANTÓN
CANCÚN. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Poder Judicial de Quintana Roo que aclaren los motivos por el cual incrementaron en ocho millones 69 mil 99 pesos en su presupuesto relacionado con servicios personales, la cual sobrepasó el límite permitido en la asignación global en ese rubro que se aplica en la normatividad de la institución judicial.
De acuerdo con la autoridad fiscalizadora el Poder Judicial de Quintana Roo tuvo un presupuesto modificado que ascendió a un total de 732 millones 411 mil pesos, es decir, 30 millones 725 mil pesos a la estimación prevista en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2020, mismos que fueron integrados con presupuesto local que fueron autorizados por el gobierno para la impartición de justicia en la entidad.
El presupuesto de servicios profesionales del Poder Judicial de Quintana Roo está establecido en el capítulo 1000, es decir, este dinero sirve para que jueces y personal de la institución reciban sus sueldos, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, además de obligaciones derivadas de su trabajo en la institución de justicia.
La ASF en la autoría 1215 detalla que en 2020 el Poder Judicial del total de presupuesto que ejercieron en 2020, al menos 595 millones se destinó a servicios profesionales, incluso fue incremento presupuestal en comparación con 2019 de 42 millones 286 mil pesos, equivalente a un 7.7%, lo cual a consideración de la autoridad excedieron el límite establecido de crecimiento real.
Ante los señalamientos de la ASF, el Poder Judicial presentó documentación en el que justificó estos incrementos salariales, además de la creación de plazas y medidas económicas laborales, por lo que terminó usando y pagando 588 millones de pesos. Sin embargo la ASF aclaró que el tope máximo que tienen para presupuestar en servicios personales en el Poder Judicial es de 580 millones de pesos por año fiscal.
Debido a todos esos movimientos en el presupuesto la ASF solicitó una aclaración de los recurso por 8 millones 69 mil 91 pesos por haber sobrepasado el límite máximo permitido para la operatividad del Poder Judicial de Quintana Roo en materia de servicios personales, y de esta manera evitar un posible daño a la hacienda federal.