JESÚS VÁZQUEZ

GRUPO CANTÓN

CANCÚN.- El martes pasado, alrededor de las 10 de la noche arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo junto con agentes de la Secretaría de Marina y tras practicar una diligencia antes de la media noche colocaron sellos en la Marina “Chac Chi” como parte del aseguramiento relacionado con el expediente 3405/2022.

Dicho expediente se remonta a hechos del 2019, cuando, el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Gobierno, solicitó formalmente a la Semarnat la concesión del espacio que ocupa la Marina “Chac Chi”, con el objeto de la implementación de una playa pública para el disfrute de los quintanarroenses, la cual llevará como nombre playa “Mantarraya”, para el disfrute de todo público.

En septiembre de 2020, la autoridad determinó entregar a la marina Chac Chi la prórroga por 15 años más, que vencerá en 2034.

La decisión la basó en un derecho de audiencia que le concedió al empresario Gaspar Narciso Paredes Cardeña y a la empresa Marina “Chac Chi”, en la que tomó en cuenta varios documentos, entre ellos, el contrato de arrendamiento para el uso del estacionamiento y áreas verdes de instalaciones propiedad del estado. 

Sin embargo, esos mismos documentos fueron el objeto de una causa penal por el delito de fraude procesal, donde Paredes Cardeña fue encontrado culpable y condenado a prisión.

En el juicio, los supuestos firmantes del contrato de arrendamiento, que sirvió no solo para obtener, mantener y prorrogar la concesión, desconocieron la firma de los documentos, según la carpeta de juicio 06/2019 del Tribunal de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún. 

Se sabes que  raíz de este caso, las autoridades federales investigan la legalidad de al menos 10 concesiones firmadas por Rodrigo Hernández Aguilar, cuando era el director de Zofemat de la Semarnat.