A estas alturas de la contienda electoral, prácticamente en la recta final, todos los adversarios que disputan los cargos de elección popular han incrementado el nivel de las campañas negras, con la clara intención de denostar a los candidatos a través de la publicidad mal intencionada con el fin de restar adeptos o simplemente para dejar en tela de juicio la calidad moral de los participantes. Parece ser que lo que están buscando los contendientes con la estrategia en el aumento de la guerra sucia y denostaciones es inhibir el voto y así crear un ambiente nada propicio para el Estado.
Y es que la guerra sucia ya ocurrió en la etapa de los procesos internos de los partidos para la definición de las candidaturas y nadie puede garantizar que no se hará presente de nuevo en la recta final hacia las elecciones del 5 de junio. Hasta ahora no existe una ley que regule y sancione los ataques a la vida privada de las y los candidatos, situación que ocurre con frecuencia en algunos medios, pero principalmente en las redes sociales, convertidas hoy por hoy en una arma letal.
Algo que si es bastante cierto es que para ganar o conservar el poder político implica una buena dosis de astucia, creatividad e inteligencia, no solo para obtener los votos que se requieren para construir mayorías electorales estables, sino, sobre todo, para derrotar a los adversarios. Las campañas negativas, cuyo objetivo central es vencer a los opositores, se han convertido en prácticas privilegiadas de los partidos y candidatos que disputan un cargo de elección popular, a pesar de las restricciones normativas.
Este tipo de campañas adquieren el adjetivo de negativas porque se centran en hablar del adversario, generalmente en contra, en lugar de hablar sobre las fortalezas o propuestas propias.
