De mantenerse los números preliminares arrojados por las elecciones del pasado domingo, Quintana Roo tendrá nuevamente, a partir de septiembre, un gobierno dividido, con pluralidad partidista en las representaciones municipales y en el Congreso del Estado. La peculiaridad en esta ocasión se la da el hecho de ser la primera oportunidad en que formalmente el PRI no tendrá control sobre el gobierno estatal; la mayoría de los municipios estarán bajo la tutela de ese partido y de sus aliados, y todo indica que ellos mismos se conformarán en la Cámara de Diputados como una mayoría opositora. Estaremos estrenando una complejidad diversificada de la que, además, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano se estarían retirando dela escena a la vez que se contaría con la llegada inaugural de Morena y Encuentro Social.
En esas condiciones, darle curso y buen puerto al nuevo proyecto comprometido en campaña pasará necesariamente por el diseño de un esquema de gobernabilidad plural que va más allá de los partidos. Tómese en cuenta que la ruptura con el PRI por parte del próximo gobernador, Carlos Joaquín y equipo cercano, no significó, hasta ahora, su adhesión a alguno de los que lo apoyaron. Supone, por lo tanto, la oportunidad para decidir y actuar sin ataduras ni prejuicios, ajustando el balance entre los compromisos que se pudieran haber adquirido con la consabida incorporación de “las mejores mujeres y hombres” para hacerse cargo de las diferentes responsabilidades.
Más el reto principal, estratégico, será el de encontrar los equilibrios políticos entre los poderes ya que, según el mandato del electorado, no habrá mayoría absoluta de nada para nadie.
