Una vez más, como ya es costumbre cada vez que hay una investigación importante en México, fue en el diario estadounidense “The New York Times” donde se dio a conocer que periodistas y activistas mexicanos son espiados por el gobierno federal.
El reportaje de Azam Ahmed se titula “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, y fue publicado en la versión en inglés y en español del diario estadounidense.
En él se afirma que la administración de Enrique Peña Nieto espía a personajes como Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad; la periodista Carmen Aristegui y su hijo adolescente, Emilio; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los normalistas; la abogada estadunidense Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Atenco, y el conductor del noticiero Despierta de Televisa, Carlos Loret de Mola.
El espionaje habría iniciado al menos desde 2014, a través de un sistema de malware (software malicioso) o “código maligno” conocido como Pegasus. Tras el estallido de la “bomba” mediática hay algo más que ha causado indignación de los comunicadores es el hecho de que el gobierno no ha abierto una investigación al respecto, solo se limitó a decir que ellos no habían sido.
Parece increíble como en este país los ciudadanos no podemos gozar de la libertad de expresarnos abiertamente con la confianza de que nuestras conversaciones y lo que publicamos en redes sociales no será utilizado en nuestra contra.
En el caso de Quintana Roo ya hay antecedentes de algo parecido, cuando hace varios años en Cancún el Ejército Mexicano descubrió un centro de espionaje que operaba José Manuel Vera Salinas en una casa de la Supermanzana 20.
Ahora, al conocerse la intervención del gobierno federal, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, negó que en el estado ocurra algo similar y manifestó que no es aceptable el espionaje de ningún nivel de gobierno, ni en ninguna parte del país.
“La libertad de expresión, la libertad de comunicarse y de tener la privacidad debe de respetarse plenamente”, destacó el gobernador, quien recordó que los quintanarroenses hemos sido testigos de cómo gobiernos anteriores coaccionaron y ejercieron represalias en contra de líderes de opinión, de grupos sociales, que cuestionaban sus malas prácticas de administración, la corrupción y la impunidad.
