Se desató el escándalo

Hay un escándalo en puerta luego que el periódico Reforma publicó que a través de la Sedatu la titular Rosario Robles desvió recursos con empresas fantasmas en 2015, entre ellas el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

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Hay un escándalo en puerta luego que el periódico Reforma publicó que a través de la Sedatu la titular Rosario Robles desvió recursos con empresas fantasmas en 2015, entre ellas el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Hay que recordar que durante la administración de Roberto Borge todas las secretarías y dependencias fueron parte de una gran maquinaria de despojo al erario público, y este caso es sólo uno de los muchos que hay por descubrir.

En el caso de Sedatu, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015, para el desvío de recursos durante la gestión de Roberto Borge.

Tras la publicación del medio nacional, la funcionaria retó vía Twitter al rotativo para que hoy al mediodía en la Procuraduría General de la República presenten las pruebas.
Hay que recordar que en esa época a la que hace referencia el reporte, a los colegas y trabajadores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social no les daban ni siquiera papel para imprimir y les bajaron el sueldo entre 20 y 25% porque decían que no había recursos para pagarles.

El año pasado la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Contraloría estatal informaron que investigarían una asignación indebida de recursos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social del orden de 800 millones de pesos, para realizar dos contratos de producción.

También se detectaron algunas transferencias de recursos realizadas de forma extraordinarias y que se enmarcarían en un uso indebido de fondos federales.
El dispendio de recursos durante el mandato de Roberto Borge fue espectacular, pues se creó una estructura de medios privados que vendían la línea editorial a cambio de cientos de millones de pesos. Esos medios sirvieron para atacar a los enemigos políticos del ex gobernador, y para esconder el multimillonario desfalco al estado que aún hoy se investiga.

Parte de las irregularidades son que no todos los contratos que se hicieron tienen el soporte documental que muestre que esos convenios se cumplieron. O sea, se entregaba el dinero, pero no hay documentación de una contraprestación al respecto.