En Quintana Roo, el feminicidio continúa siendo una crisis que golpea a familias y comunidades. En 2024 el estado reportó 12 presuntos feminicidios; en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 13, según fuentes oficiales y colectivos que monitorean el fenómeno. Las cifras, variables y a veces contradictorias, muestran que ninguna reducción aparente sustituye la urgencia de respuestas integrales.
Desde el plano jurídico, identificar la razón de género en cada homicidio requiere investigación especializada: preservar la escena, peritajes forenses con enfoque de género, protocolos que eviten la revictimización y la debida diligencia en la búsqueda de responsables. Aunque la entidad ha avanzado en la creación del Banco Estatal de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM), la eficacia depende de la correcta clasificación y del compromiso de fiscales, jueces y peritos.
La impunidad es uno de los factores que perpetúan la violencia. Colectivos y organismos civiles documentan que múltiples casos se registran inicialmente como homicidios dolosos, lo que reduce la probabilidad de sanción por razón de género y distorsiona la política pública. La Fiscalía estatal afirma avances, pero las familias reclaman mayor transparencia, investigación rápida y medidas de reparación integral.
Erradicar el feminicidio exige combinar acciones penales con prevención: presupuestos para refugios y atención integral, campañas de cambio cultural, capacitación permanente para operadores de justicia y coordinación entre municipios turísticos y comunidades rurales. Sin estos elementos, cualquier disminución estadística será frágil y reversible.
Cada feminicidio en Quintana Roo no es sólo una cifra: es una vida, una familia y una deuda histórica con la justicia. Es imprescindible la participación civil: colectivos y medios deben exigir seguimiento, acompañar a las víctimas y vigilar procesos. Solo la conjunción de justicia real y, prevención y memoria permitirá que las mujeres vivan libres de violencia…