Una de las figuras más polémicas del diseño sexenal en curso es la de los “superdelegados”, que concentraron las funciones y el poder de los tradicionales delegados que cada secretaría federal designaba en los estados del país. La primera explicación pública del asunto invocaba el ahorro como primera motivación del cambio: en lugar de tantos delegados por separado se tendría a un representante general.
La primera polémica sobre el tema se dio por el perfil de los nuevos funcionarios seleccionados, pues una gran parte de ellos habían tenido participaciones electorales recientes, incluyendo a excandidatos a gobernador que ahora serían la contraparte, a nombre del obradorismo, ante aquellos que en las urnas les habían derrotado estatal o regionalmente (el caso más notable, el de Carlos Lomelí, en Jalisco). Otros estaban claramente enfilados a asumir la inmediata candidatura a gobernador, como sucedió en Baja California, con Jaime Bonilla Valdez. En otros casos, todo apunta a que una buena parte de los antedichos superdelegados estaría en condiciones de aspirar a un cargo de elección popular en 2021.
Las especulaciones de corte electoral se fortalecieron con el nombramiento de Gabriel García Hernández como coordinador de esos superdelegados (la denominación oficial es “Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo”). García venía de ser secretario de organización del comité nacional de Morena y le acompaña la fama de ser un especialista en acción electoral y en manejo de recursos financieros para proyectos políticos. El manejo de la gran masa de los recursos federales en general y los asistenciales en particular, la elaboración de los padrones de beneficiarios (documento base para la elaboración de estrategias electorales durante el prianismo) y el ejército de empleados dedicados a ejecutar las directrices dictadas constituyen oro político para cualquier proyecto rumbo a las urnas, que en este caso serán las de los comicios intermedios de 2021, que incluirán la cámara federal de diputados y algunos congresos estatales, gubernaturas y presidencias municipales.
Ayer, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló ante legisladores federales que ha recibido una docena de denuncias contra nueve superdelegados. Una denuncia no significa una sentencia, sino apenas el inicio de un procedimiento que puede llegar en cualquier momento a su cancelación o a su continuidad hasta desembocar en una declaración de culpabilidad o inocencia.
