– Arremetida pro Texcoco
– Con EPN: 66 periodistas muertos
– Reporteras: no olvidar saldo
Es la primera prueba de fuerza después de las elecciones. El poderío histórico del gran capital frente a una nueva estructura formal de gobierno (activa ya en el Congreso de la Unión; a la muy activa espera en cuanto a Palacio Nacional). El tema de los aeropuertos es la causa específica del litigio, pero el fondo está más allá: es la disputa por el verdadero ejercicio del poder, la capacidad de determinar los asuntos esenciales.
De entrada, los empresarios han conseguido que el apabullante poder electoral de Andrés Manuel López Obrador haya buscado un camino alterno, que le permitiera ganar tiempo y posibilidades de negociación, el de una consulta ciudadana no oficial. A pesar de su tajante posición adversa a la continuidad de los trabajos de construcción en el lago de Texcoco, AMLO ha optado por aplicar un peculiar sondeo que no ha ofrecido en otros temas de similar condición polémica (el Tren Maya, el corredor transístmico, las zonas económicas especiales, la descentralización de la burocracia, por dar algunos ejemplos).
La organización y la ejecución de esa forma de consulta no han sido impecables, como la importancia del tema obligaría. Ello ha permitido la previsible crítica de los opositores a dicha forma de votación. Además, en una impactante arremetida mediática se advirtió a los eventuales votantes de la aparición de un México de desastre económico y financiero si se rechazara la continuidad de los trabajos en Texcoco. Perder la confianza de los inversionistas representaría el peor error del gobierno que aún no toma posesión, es el estribillo de batalla.
Lo que ha sucedido en el caso del nuevo aeropuerto da una muestra de la capacidad de condicionamiento que conservan los grupos económicos y políticos desplazados el pasado primero de julio del usufructo del aparato de representación política institucional. El mandato del 1-J, que debería ser suficiente para la toma de una decisión sin necesidad de “consultas”, ha debido aterrizar, irónicamente, en un proceso “electoral” que permita al futuro presidente de la República valoraciones, matices y arreglos finales. Frente a ese poder económico insurrecto, la porción social contraria a Texcoco trata de hacer visible su peso en la balanza. Ya veremos el desenlace de esta trascendente disputa por el poder.
Frente a Palacio Nacional fueron colocadas las fotografías de los sesenta y cinco periodistas que han sido víctimas de asesinato o desaparición a lo largo del sexenio que está por terminar. Enrique Peña Nieto se va, pero las integrantes de Reporteras en Guardia, una organización de “la tropa del periodismo mexicano”, según se definen las participantes, busca que el saldo funerario del político mexiquense (solo en el terreno de los trabajadores de medios de comunicación) no sea olvidado ni se deje de buscar justicia.
En realidad, al recuento de los periodistas caídos faltó (de manera explicable) el caso más reciente (el 66): Gabriel Soriano, locutor y productor de radio y televisión que fue asesinado la noche del miércoles en Acapulco, irónicamente después que volvía de cubrir el informe de actividades del fallido gobernador Héctor Astudillo.
Reporteras en Guardia (@repoenguardia, en Twitter) está formada por 140 editoras y reporteras de diversas partes del país, que se han dado a la tarea de hacer reportajes a fondo sobre los asesinatos y desapariciones de periodistas en México. Todas esas agresiones han quedado en la impunidad, es como “Matar a Nadie”, que es el título genérico de esos trabajos (www.mataranadie.com ).
Según la recopilación de datos que han hecho, los cinco estados con más periodistas muertos o desaparecidos durante el sexenio que está por fenecer son Veracruz (14), Oaxaca (12), Tamaulipas (5), Guerrero (5) y Sinaloa (4). Con ellas, con su trabajo y su denuncia, vale sumarse a la exigencia de que no se olvide lo sucedido en el gremio periodístico durante el desgobierno de Enrique Peña Nieto.
Esteban Moctezuma Barragán, de sabida buena relación con la profesora Elba Esther Gordillo, ha dicho que la próxima administración federal aceptará las decisiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respecto al regreso o no de la política chiapaneca al mando de esa organización. No podría ser de otro modo: erróneo sería que el obradorismo pretendiera frenar o promover explícitamente determinada opción en ese sindicato. Sin embargo, en el contexto específico, las palabras del futuro secretario de educación pública son oro molido para Gordillo, quien avanza en su proceso de reinstalación política con la bandera de una especie de tolerancia no explícita del gobierno amlista hacia ella, e incluso en la importancia de que retome el control sindical para darle estabilidad al siguiente gobierno en el tema delicado del desmantelamiento de la reforma educativa.
Gerardo Ruiz Esparza estuvo ante el nuevo poder legislativo dominado por Morena y, como era de suponerse, su palabrería poco impacto tuvo ante la evidencia de la gran corrupción que caracterizó a la SCT. Especializado en la negociación con inversionistas, comisionistas y empresarios diversos, Ruiz Esparza representa uno de los puntos más altos del daño causado por el peñismo al país. Aspira a irse sin mayores aspavientos a casa, el 30 de noviembre, y que el manto de la generosa amnistía le permita un plácido retiro de las funciones públicas que ha ejercido durante décadas.
