El coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, ha dado a conocer los lineamientos que en la materia habrá de observar la administración que proclama una cuarta transformación de México. La primera lectura muestra intenciones y compromisos que corresponden a una larga lucha en contra de la corrupción (identificada muy en lo general mediante la referencia al “chayote”) que ha caracterizado a una amplia franja del periodismo nacional, a niveles de periodistas, directivos y propietarios./
Son plausibles varios de los enunciados contenidos en el texto que fue dado a conocer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación. En particular, la disminución, a la mitad, del monto presupuestal destinado a esos fines (recuérdese el monumental despilfarro de esos recursos en gobiernos como los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que excedían con absoluta irresponsabilidad e impunidad los montos originalmente aprobados por el congreso) y la premisa central de no utilizar esos fondos para premiar a los medios sumisos y castigar a los que fueran críticos (filosofía del poder sintetizada en la frase cínica del entonces presidente José López Portillo: “no pago para que me peguen”)./
Queda, sin embargo, un tufo de que el poder presidencial se reserva un mecanismo parecido al utilizado durante las etapas de las presidencias imperiales, el de la discrecionalidad. Una forma clásica de control de los medios de comunicación ha sido el de someterlos a la incertidumbre empresarial que sólo puede encontrar salida cuando el dador de favores decide hacerlo. Es de esperarse que en la normativa específica del caso, que habrá de discutirse y aprobarse en el congreso, se llegue a tales niveles de claridad y precisión en las formas de asignación de esas partidas presupuestales que se evite la tentación del premio y el castigo a los medios conforme a su línea editorial./
Aun cuando son indicadores valiosos, los medios de comunicación no deben ser considerados para fines presupuestales sólo por su número de lectores, oyentes y miradores. Un proceso de transformación nacional requiere reconocer la importancia de medios cuyos contenidos sean de interés social y no sólo de aquellos que tengan más audiencia, así sea mediante trucos amarillistas y deformadores de la realidad. También será importante que en el ámbito de los medios electrónicos el gobierno impulse formas de medición de audiencias que sean confiables y no manipuladas como hasta ahora ha sucedido./
Pero tales consideraciones y muchas otras más no deberían depender del juicio, el poder discrecional, del coordinador de comunicación social (un periodista con experiencia y con un compromiso social expresado en diversas causas) ni del presidente de la República. La modificación profunda de las relaciones entre la prensa y el poder, largamente pervertidas, debe contar con la participación y el criterio de legítimas instancias colectivas de periodistas, de organizaciones genuinamente defensoras de periodistas y de derechos humanos, y de instancias estatales con experiencia en el manejo de estadísticas./
Un punto interesante a definir es el de las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales. Una buena parte del debate y la difusión de asuntos públicos se da a través de Twitter, Facebook, YouTube e incluso Instagram. En particular, ha ganado presencia el ejercicio de los llamados yutuberos, que llegan a alcanzar millones de reproducciones en algunos de sus videos y, en proporción a su audiencia, reciben pagos de YouTube que en temas políticos, pues es más numeroso el público de quienes tocan asuntos ajenos a la política, pueden alcanzar centenares de miles de pesos al mes. Ayer mismo se agudizó la discusión entre algunos yutuberos de asuntos políticos, con algunos de ellos en abierta búsqueda de que los beneficie el nuevo reparto del presupuesto obradorista para comunicación social y otros rechazando tal posibilidad./
Astillas: El tema del memorándum (puede usarse indistintamente este término o memoranda) referido a la reforma educativa llevó a López Obrador a plantear a los críticos de ese recurso de gobierno que recurran a las instancias judiciales para que éstas determinen la procedencia o improcedencia del polémico texto. Además, el político tabasqueño planteó en su conferencia mañanera el dilema entre justicia y legalidad, convocando a obedecer al primer valor cuando entre en conflicto con el segundo. Obviamente, tal postura de AMLO enerva aún más a un impaciente segmento de sus opositores… Sergio Armando Hernández Vega fue asesinado en un lujoso fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Él fue secretario particular de Roberto Miranda, quien fue el último jefe del Estado Mayor Presidencial, durante la administración de Enrique Peña Nieto. En tiempos turbulentos, un hecho como éste forma parte de la diaria cuenta mortal pero, por el nivel militar del asesinado, genera diversas especulaciones… César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, busca que el Partido Revolucionario Institucional no confirme su expulsión, muy preocupado el ex mandatario por seguir asociando su figura política al priismo en declive… Ayer le fue negada a la Universidad Autónoma de Hidalgo la descongelación de sus cuentas oficiales, sujetas a investigación federal. Es un golpe más a la estructura de poder que durante décadas manejó con mano dura el cacique Gerardo Sosa Castelán, ahora caído en desgracia a pesar de que, irónicamente, su grupo logró colocar a un notable número de diputados en el congreso local a nombre de Morena… Y, mientras continúa la contingencia ambiental en el Valle de México, ¡hasta mañana, con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, advirtiendo que se esperan nuevas confrontaciones violentas entre tres cárteles que se pelean plazas de la entidad!
