Dentro del ejercicio indebido de la función pública, si hay una figura predominante y quizá hasta representativa del gobierno estatal actual es precisamente el abuso de autoridad. De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de México, en su artículo 57, la persona servidora o servidor público incurre en abuso de autoridad o en abuso de funciones cuando ésta ejerce atribuciones que no tiene conferidas o se vale de las que tiene, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
Dicho lo anterior, es de llamar la atención que, desde la creación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECC) en el año 2017, del total de los delitos que se han denunciado ante esa instancia, el abuso de autoridad ha ido en aumento año con año. Según el reporte 2017-2018 de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos adscrita a la FECC, el segundo delito con mayor ocurrencia fue el abuso de autoridad con un 22% de incidencia; siendo el peculado, en ese período, el de mayor incidencia con un 28.8%.
Siguiendo las estadísticas de la Unidad de Investigaciones, en el año 2019 el delito con mayor porcentaje de incidencia correspondió al abuso de autoridad con un 32.3% del total de las denuncias realizadas, que, comparado con el período anterior, tuvo un incremento del 47%. Lamentable. Ya para el año 2020, el abuso de autoridad siguió en aumento, colocándose por segundo año consecutivo en el primer lugar de los delitos denunciados con un 43.1%, lo que representó un incremento del 34% con respecto al 2019.
Con estos números, puede observarse que el delito por abuso de autoridad sigue siendo una constante entre los servidores públicos; pero, ¿cómo nos afecta el abuso de autoridad a las sociedades? La crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral; es, sin lugar a dudas, el detonante que expresa que los límites sociales se encuentran pendientes de un hilo, y es necesario poner fin a la corrupción e ineptitud de las autoridades, así como al abuso que cometen en contra de la sociedad.
La capacitación a servidores públicos y prevención de los delitos llevados a cabo por la titular de la FECC de poco han servido toda vez que este flagelo en vez de disminuir va en aumento. El reporte de la FECC de este 2021 dudo que sea mejor.
