CANCÚN.- Tras realizarse la etapa informativa de las consultas a comunidades originarias sobre el Tren Maya, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) emitió un pronunciamiento en el que señala que éste incumple los principios de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, por lo que eventualmente las comunidades podrían interponer recursos en contra del proyecto y del proceso de consulta.
El CCMSS refiere que la consulta debe estar alineada al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sin embargo, tras realizarse la primera etapa del proceso de consulta, se pudo constatar que no incumplen los principios marcados por ambos acuerdos.
Entre las principales irregularidades señalan que el gobierno mexicano no está buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios, sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente “conocer sus opiniones”, de acuerdo con la información oficial hecha pública y a lo explicado durante las Asambleas Regionales de carácter informativo del 29 y 30 de noviembre.
“Esto implica una violación a la libre determinación del pueblo maya, en razón de su aceptación o rechazo a un proyecto, obra o actividad dentro de su territorio o en un área de influencia suficiente para afectarle”, refiere el pronunciamiento.
Añaden que la consulta indígena incumple el principio de “informada”, toda vez que la información disponible, a manera de datos sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión, no ha permitido ni el análisis, ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas.
Asambleas regionales
La información ofrecida por la autoridad a cargo, en las 15 Asambleas Regionales, se limitó a caracterizar de manera general el proyecto ferroviaro y a recalcar sus beneficios promocionales, en completa ausencia de estudios de impacto, asegura el CCMSS.
Señalan también que tampoco se informó a las autoridades comunitarias que el megaproyecto no ha sido sometido al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), para conocer las afectaciones, no sólo por la colocación de vías del ferrocarril sino además por el impacto de las 18 estaciones y los “polos de desarrollo” programados.
En materia ambiental, tampoco se informó que el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) pretende que el proyecto completo sea evaluado por partes y no de forma integral e incluso, busca quedar exento de la evaluación ambiental en algunos tramos o sustituir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por un Informe Preventivo.
Por Jesús Vázquez/GRUPO CANTÓN
