• Nuevos socios de Morena
• Dejan PRD en San Lázaro
• Gallardo, Serrano, Toledo
En un giro de ironía histórica, el partido que nació para diferenciarse del de la Revolución Democrática ha terminado adquiriendo la estratégica mayoría calificada en la Cámara de Diputados, merced a la virtual anexión (no en términos de membresía, pero sí de votos comprometidos) de (casi) la mitad de los diputados federales de ese partido estigmatizado, el del Sol Azteca.
Nueve de diecinueve ocupantes de curules perredistas en San Lázaro renunciaron ayer a su partido para declararse “independientes”, pero explícitamente predispuestos a sufragar en el sentido de Morena.
El lance tiene como destinatario inequívoco el expediente de la Guardia Nacional, que en caso de ser aprobada en el Senado habrá de pasar a la Cámara de Diputados en una situación aritmética plenamente favorable (a causa de los nueve nuevos conversos) para los propósitos de Palacio Nacional, en cuanto a la “transitoria” y “excepcional” conversión de las fuerzas armadas al nuevo ropaje de embozo “civil”.
El descuartizamiento político del PRD tuvo un episodio notable en marzo de 2017, cuando Miguel Barbosa, entonces coordinador de los senadores del Sol Azteca, anunció su adhesión a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual fue removido y en su lugar quedó Dolores Padierna. Días después, seis senadores decidieron dejar el PRD: el propio Barbosa, Luz María Beristain, Lorena Cuéllar, Humberto Fernández, Fidel Demédicis y Raúl Morón.
Otros seis ya estaban políticamente fuera del PRD, pero se mantenían en una suerte de amasiato administrativo: los ahora subsecretarios de gobernación, Zoé Robledo y Alejandro Encinas, el ahora coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, Benjamín Robles, Rabindranath Salazar y Armando Ríos Piter, aunque este tomó un camino distinto al resto de sus compañeros renunciantes. De veinte senadores, el PRD se quedaba con ocho.
En la escisión anunciada, destacan tres diputados de peculiares historiales: Ricardo Gallardo Cardona, Héctor Serrano y Mauricio Toledo. El primero era coordinador de la bancada de negro y amarillo en San Lázaro. Fue presidente de Soledad de Graciano Sánchez, populoso municipio conurbado a la ciudad de San Luis Potosí. Su padre, Ricardo Gallardo Juárez, fue presidente de ambos municipios y, proclamando la “Gallardía” como distintivo, ambos han montado una fuerza política propia en varias partes de la entidad potosina.
A Gallardo Cardona lo encarcelaron en 2015, acusado de actos relacionados con la delincuencia organizada y del desvío de unos 220 millones de pesos del erario municipal. Fue liberado mediante un amparo que atendió aspectos procedimentales y no la sustancia del asunto, pues quedaron plenamente acreditados los señalamientos de peculado, asociación delictuosa y desvío de recursos. La dirección nacional del PRD lo consideró, en aquella ocasión, un riesgo de reproducción de conductas similares a las practicadas por José Luis Abarca en Iguala.
Héctor Serrano ha sido el operador político de Miguel Ángel Mancera, en cuya administración fue secretario de gobierno y, luego, ocupante de la jugosa cartera de movilidad, siempre encargado de peculiares relaciones con periodistas, medios de comunicación y políticos en general.
Sus formas, métodos y alicientes siempre generaron rechazo entre los opositores a la decadente etapa del mancerismo. Mauricio Toledo fue jefe delegacional en Coyoacán, acusado de manera insistente de prohijar actos de corrupción, a tal grado que en palabras grabadas del actual alcalde, Manuel Negrete, éste habló de “diezmos” cobrados a trabajadores, para dar esas recaudaciones al PRD y al propio diputado federal Toledo.
Ahora, esos polémicos diputados han entrado a la franja de protección y “purificación” que en Morena se ha brindado a algunos chapulines políticos. Ya antes votaron a favor de la Guardia Nacional y del presupuesto federal de egresos, y la dirección colegiada de lo que queda del PRD había anunciado la expulsión de Toledo y sanciones a otros de quienes se adelantaron, renunciando.
El presidente López Obrador, en tanto, continuó con su abierta campaña en pro de la Guardia Nacional. En su conferencia mañanera criticó abiertamente a directivos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional que se oponen a la propuesta surgida de Palacio Nacional, acotada en San Lázaro (donde le quitaron el artículo cuatro transitorio, absolutamente clave para “legalizar” la conversión de soldados y marinos en “guardia nacional”). Más tarde, en los actos correspondientes al Día del Ejército, enfatizó la importancia de las fuerzas militares en el proceso de “serenar” al país.
Se cumplieron trece años de la tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila, donde una mina de carbón estalló y mató a 65 trabajadores, de los cuales sólo se rescataron los cuerpos de dos de ellos.
Desde entonces, la familia Pasta de Conchos ha mantenido una denuncia pública contra el empresario Germán Larrea, del Grupo México, y autoridades de los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, con sus secretarios del trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz y Javier Lozano Alarcón, además del dirigente sindical, Napoleón Gómez Urrutia, ahora senador de Morena y fundador de una especie de CTM-4T.
Los deudos de Pasta de Conchos han impulsado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra los empresarios y políticos citados (además de los gobernadores Moreira y sus respectivos funcionarios del ramo.
