Paloma Wong / Grupo Cantón
CHETUMAL.- Un total de 50 ex funcionarios de la administración de los ex gobernadores Roberto Borge Angulo y Carlos Joaquín González, se mantienen amparados ante los procesos que se le siguen por parte de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó el diputado Local Hugo Alday Nieto, esto tras el informe presentado por la fiscalía en la materia.
Detalló que de los 50 amparos interpuestos en el 2023 en contra de las determinaciones de la Fiscalía, en 12 de estos los quejosos no lograron el amparo y 38 aún siguen en trámite por parte de los jueces, mismos que esta vigentes pues son un amparo de 2017, uno de 2019, uno del 2020, 15 de 2021 y 49 de 2022.
Derivado del informe se pudo descartar que en 2023 se generen alertas ante la Interpol en contra de ex servidores públicos de Quintana Roo. Pero, se mantienen vigentes cinco alertas migratorios emitidos por la Interpol respecto a órdenes de aprehensión concedidas por juez de control en años anteriores.
Si bien existen varios casos, no se puede dar el nombre de los responsables, a fin de no entorpecer las investigaciones que se hacen.
El presidente de la comisión de Justicia en la XVII legislatura detalló que de acuerdo con los datos aportados por Villanueva Arzapalo en el caso del ex gobernador Roberto Borge se le tiene pendiente 4 procesos, dos de ellos de índole local y dos federal, pero todos de carácter grave por lo cual permanecerá en prisión pese a los amparos tramitados.
Otro criterio de oportunidad a favor del gobierno de Quintana Roo por un monto de 255 mil 330 pesos, atribuidos a la reparación de daño pagada por el ex gobernador Roberto Borge Angulo a la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero no preciso el concepto.
Dijo que el 96 por ciento de los casos denunciados durante 2023 siguen en proceso de investigación, y concentran 25 delitos del código penal de Quintana Roo. Delito que más se denunció fue el de “abuso de autoridad” con el 56 por ciento de la incidencia.
En 2023 se integraron 351 carpetas de investigación en contra de 525 personas. Pero, puntualizó que en 11 casos la Fiscalía decidió abstenerse de iniciar una carpeta debido a que los fiscales determinaron que los actos denunciados ya habían prescrito. Es decir, no fueron investigados por no estar vigentes.
