REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
Tulum, Quintana Roo – En un preocupante informe sobre la situación de la trata de personas en Quintana Roo, el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer que la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en la incidencia de este delito. Durante una conferencia realizada en Tulum, el funcionario reveló cifras alarmantes, señalando que solo en el mes de febrero de 2025 se abrieron 16 carpetas de investigación por trata de personas, superando incluso a entidades con mayor población.
López Salazar destacó que, en los últimos 21 meses de su administración, se han iniciado un total de 215 investigaciones por trata de personas, resultando en la detención de 71 tratantes y el rescate de 465 víctimas, de las cuales 348 son mexicanas y 117 extranjeras. De las personas rescatadas, 66 son menores de edad. El fiscal explicó que la alta incidencia de casos en Quintana Roo no se debe a un aumento en la criminalidad, sino al trabajo más activo de la Fiscalía, que ha intensificado las investigaciones, operativos y rescates.
“Estamos en primer lugar en esta materia… y lo estamos porque en Quintana Roo estamos haciendo más investigaciones, más operativos, rescatando a más víctimas y deteniendo a los responsables”, comentó López Salazar, quien respaldó su declaración con datos del último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El fiscal también subrayó que el enfoque de la Fiscalía no es solo en la cantidad de casos, sino en erradicar un crimen que afecta profundamente a niños, niñas, adolescentes y mujeres. “No vamos a permitir que la trata de personas siga operando en silencio; estamos decididos a erradicar este flagelo”, afirmó con firmeza.
Como ejemplo de estas acciones, López Salazar informó sobre dos operativos recientes realizados en bares del municipio de Cozumel, en los que se rescató a 14 mujeres víctimas de explotación sexual. En el primer bar, fueron liberadas 9 mujeres, mientras que en el segundo operativo se rescató a otras 5. Todas las mujeres rescatadas se encontraban bajo la obligación de entregar el 50% de sus ingresos, lo que constituye un delito grave.
El fiscal concluyó asegurando que las operaciones contra la trata de personas continuarán en todo el estado, con un enfoque especial en las zonas turísticas, donde se han identificado patrones de explotación. “Vamos a seguir apareciendo en primer lugar, porque no vamos a dejar de combatir este crimen con toda la fuerza del Estado”, finalizó.
