AGENCIA SIM / Grupo Cantón
CHETUMAL.- Advirtiendo sobre la gravedad de la situación, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, señaló que la problemática en el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” requiere una rápida intervención del gobierno estatal.
Según el legislador, la colusión del Estado con el crimen organizado ha permitido que la situación se salga de control, y ahora es imperativo actuar de manera transparente.
Hasta ahora, la investigación ha identificado a 13 involucrados, cifra que podría aumentar.
Pech Várguez reiteró su preocupación por la infiltración del crimen en otros sectores y advirtió que las alianzas entre gobiernos, asociaciones delictivas y agrupaciones sindicales han llevado a una grave descomposición en el estado.
“El problema es cuando se dan las alianzas entre gobiernos, asociaciones delictivas y agrupaciones sindicales, porque podemos llegar a esto… Es delicado y nos muestra el grado de descomposición que se tiene en el estado”, lamentó.
“Grave que aquellos que tienen una concesión están vinculados y la ciudadanía queda inerme (…) Tiene que resolverse a fondo”, añadió.
El diputado destacó que las alianzas perversas tienen un alto costo y que el gobierno debe resolver la situación a fondo para que la ciudadanía recupere la confianza.
Vaticinó que este tema es complejo y resaltarán más aristas, pero insistió en que no debe ser ineludible.
ESCÁNDALO EN EL SINDICATO DE TAXISTAS
El 12 de septiembre, dos cuerpos de operadores del sindicato fueron hallados en la carretera Cancún-Kantunilkín, con signos de tortura y muerte violenta.
Posteriormente, el 5 de octubre, se encontró el cadáver de José Luis Corrales Morales, asesor del diputado Rubén Carrillo Buenfil, en la misma ruta.
Las investigaciones llevaron a la detención de varios miembros del sindicato, incluyendo a Jonathan Emanuel, Salomón y Óscar.
Esta mañana, se informó sobre la aprehensión de Juan Manuel, el cuarto presunto responsable.
Durante un cateo a las instalaciones del sindicato, se aseguraron drogas, cartuchos, equipo de cómputo y memorias USB, además de una oficina supuestamente utilizada para torturar a taxistas.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Rubén Carrillo Buenfil, ex secretario general del sindicato, aseguró no estar involucrado en la investigación, aunque manifestó su disposición a colaborar si es requerido.
