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16 abril, 2024

Especial

Salta el estado al tercer lugar en transparencia

CANCÚN.- Quintana Roo pasó de ser el estado más opaco y corrupto del país al ser el tercer lugar nacional en transparencia.

Esto supone que la entidad avanzó 29 puestos en materia de transparencia desde 2017, al pasar del último sitio en el país al tercer puesto, como consecuencia de abrirse a la participación ciudadana.

Esto según los indicadores de Gobierno Abierto, los cuales miden los índices de transparencia y participación de la sociedad en la fiscalización del gasto público.

Se trata de una tendencia ascendente de la administración del gobernador Carlos Joaquín, ya que también el 2018, el portal de Transparencia Presupuestaria colocó a Quintana Roo en el cuarto sitio a nivel nacional, junto con Hidalgo y Campeche, por informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los recursos que le transfiere la Federación a la entidad. Según este índice, Quintana Roo ha cumplido mejor que el resto de las entidades en información en qué se gastan los recursos, el avance en el ejercicio de las transferencias, así como el impacto que está teniendo el gasto federalizado sobre la población.

Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del estado, comentó entonces que el otro índice en el que Quintana Roo venía despuntado es el referente a la información financiera del estado, en el que la entidad ocupaba el sitio 22 en 2016, pasó al sitio 16 en 2017 y en 2018 ya se situaba en el sitio 4.

Se trata, dijo, de un notable avance respecto de la situación en la que se encontraba el estado durante la administración anterior, pero no significa de ninguna manera que haya un ánimo de triunfalismo en el gobierno del estado, pues sigue habiendo muchos pendientes como el de la agilización de trámites, puesto que Quintana Roo se ubicó en la última medición entre las entidades donde es más difícil abrir un negocio. Para 2019 Quintana Roo avanzó al tercer lugar nacional en Gobierno Abierto, indicador que mide los índices de transparencia y participación social en la fiscalización del gasto gubernamental, donde el 80% de las compras son ahora por licitación pública y abierta cuando antes eran solamente el 2%.

 

Por Jesús Vázquez/Grupo Cantón

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