CHETUMAL.- Las medidas implementadas en la XVI Legislatura discriminan y restringen la labor periodística de cada uno de los reporteros que cubren la fuente del Congreso del Estado, pues no solo fueron limitados en el acceso a cubículos, sino que ahora serán sometidos a un registro para saber quiénes cubren la fuente, lo cual es violatorio a los Derechos Humanos, de acuerdo con una resolución de la Suprema Corte de Justicia Nación.
Como se recordará el pasado 30 de enero, el acceso a los pasillos que conllevan a los cubículos de los 25 diputados fue restringido por Reyna Durán Ovando, diputada presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), supuestamente por orden y seguridad, tras quererse amparar en una “recomendación” de Protección Civil, documento que data de junio de 2019.
Sin embargo, ayer llegó una notificación dirigida al editor, jefe de información y/o reportero de la fuente; a fin de acatar “las nuevas medidas internas de protección civil, seguridad y logística”; por lo cual el Congreso del Estado puso a disposición el sistema de acreditación para los profesionales de los medios de comunicación que cubren las actividades del Poder Legislativo.
Estas medidas han causado malestar entre los compañeros reporteros que cubren la fuente del Congreso del Estado, no solo de los que permanecen fijos, sino que también los que acuden por alguna entrevista en particular de algún seguimiento informativo.
Rafael Briceño Chablé, corresponsal de Noticaribe, dijo que las medidas implementadas por un lado son aceptadas, pero por otra es limitar la búsqueda de información periodística.
Con respecto a solicitar la acreditación personal para trabajar o hacer entrevistas, dijo que esto solo representa una violación a un acuerdo de la SCJN, que derivó de la Ley de Periodistas en el 2015, que entregó en su momento Roberto Borge Angulo.
Por Paloma Wong/GRUPO CANTÓN
