TULUM, Quintana Roo.- A pesar de que las tierras colindantes a la laguna Kaan Luum son parte de una reserva ecológica incluida en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, la empresa Azul Grand Caribe Realtors, se ha dado la tarea de comercializar más de 100 lotes de calles, áreas verdes, transgrediendo todas las normativas ambientales y urbanísticas, denunció Manuel Antonio Aznar, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
Hay un gran problema en Tulum, donde están vendiendo lotes colindantes a la laguna Kaan Luum a gente de escasos recursos, tierras del ejido Tulum, del cual de cinco hectáreas están sacando alrededor de 125 lotes, aunque nada más podría ocupar el 5% de superficie para viviendas, al ser un área de preservación y conservación, dicen contar con certificados parcelarios.
Agregando que en las ventas que la empresa Azul Grand Caribe Realtors anunció a través de la internet, a los interesados se les pide un enganche y luego ante un notario supuestamente les hacen la entrega de toda la documentación, siendo eso un fraude a la ciudadanía.
“A la gente necesitada que requiere de un lote donde fincar su patrimonio pero que cada día se ponen más caros, no es posible que vengan de fuera vivales y traten de engañar a la gente y eso no se puede permitir”, expresó el ingeniero Aznar.
Explicando que no pueden vender ese terreno en fracciones, además si lo pudieran llegar a vender tiene que existir un procedimiento, se tiene que contar con una licencia de construcción de fraccionamiento.
La comercialización la lleva a cabo la empresa Azul Grand Caribe Realtors anunciando el irregular proyecto como una “gran oferta” en la que se sabe han adquirido decenas de personas que incluyen entre estos hasta extranjeros, quienes sin duda al ser defraudados expondrán el problema mediante las redes sociales y que está afectando al lugar.
Es que de acuerdo con el croquis que éstos presentan están libres de calles y áreas verdes, transgrediendo todas las normativas ambientales y urbanísticas; por ende, de acuerdo con el decreto 360, es de delito urbanístico, donde agarra desde el que vende hasta el que ponga un letrero, y de 1 a 10 años de cárcel, para aquella persona que venda algo sin permisos, que en este caso sucede.
Siendo tipos que llegan y se brincan la ley, como sucede en este caso de esa franja ubicada a escasos 10 kilómetros de la cabecera municipal, con rumbo hacia el municipio de Felipe Carrillo Puerto. (Gerardo González/Quintana Roo Hoy)
