Reingeniería en cárceles

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René Guadarrama
PLAYA DEL CARMEN

De visita de trabajo en el Centro de Retención municipal de Solidaridad, el secretario de seguridad pública de Quintana Roo, Juan Pedro Mercader, destacó que con base a la publicación de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas qué será efectiva a nivel nacional, se iniciará una serie de cambios en los protocolos de seguridad de los cuatro centros de reclusión de la entidad y pequeñas cárceles.

El funcionario reconoció que algunas medidas disciplinarias dentro de los centros penitenciarios son endebles, lo que ha sido motivo de preocupación para la corporación, ya que al momento de realizar los operativos aleatorios en las cárceles, invariablemente se encuentran artefactos que por norma son prohibidos, tal es el caso de los dispositivos móviles, bebidas alcohólicas, estupefacientes y algunos metales que pueden ser punzocortantes.

Juan Pedro Mercader no descartó la posibilidad de que existen “contubernios” entre algunos internos y personal de custodios, pero será conforme con los nuevos lineamientos como se depurarán las irregularidades, sin embargo, puntualizó que al momento de detectar sustancias prohibidas o delitos dentro de los penales, se actúa inmediatamente ante el Ministerio Público del Fuero Común.

Señaló que en la mayoría de las cárceles existe una sobrepoblación, pero está triplemente marcada en el penal de Benito Juárez, hecho originalmente para 700 personas, y ahora alberga alrededor de 2 mil, lo que implica más de mil individuos más en el penal durante los días de visita; de ahí que regularmente se detecte entre las pertenencias de los internos contextos indebidos.

Añadió que alrededor de un 65 por ciento de la comunidad penitenciaria del estado, cercana a las 5 mil personas, está en un proceso legal, sin que se tenga una sentencia definida, lo que impide que se realicen traslados o libertades, procesos que ayudan a descongestionar la población de los penales.

Detalló que también algunos internos han utilizado el recurso de amparo para alargar sus procesos jurídicos el mayor tiempo posible, una situación que explicó, “sale del ámbito administrativo de seguridad pública, ya que es un rubro legal que compete al poder judicial”.