El Consejo Técnico Asesor de Quintana Roo (CTA) determinó que la solución al problema del sargazo debe ser de orden federal e internacional porque hay que contenerlo antes de que llegue a las costas.
Las principales recomendaciones que ha hecho el CTA de Quintana Roo, integrado por científicos que han investigado el fenómeno desde 2011 son:
Resolver el problema del sargazo desde el mismo lugar donde se origina mediante la gestión política nacional e internacional; desarrollar un sistema de alerta temprana para detectar con precisión las dimensiones de la macroalga en aguas internacionales y altamar; impedir que llegue a las playas donde los daños a la economía, medio ambiente y salud pueden ser inevitables, y aprovechar su valor económico de manera sustentable.
“Se deben contener y recolectar las masas flotantes de sargazo a una distancia suficiente de la costa en aguas internacionales en altamar con embarcaciones de alto calado (de las mayores dimensiones) pues cualquier atención en aguas someras y en playas puede generar impactos inevitables al turismo, los ecosistemas y a la población. De otra forma sería solo una mitigación y no una solución”, señaló el grupo de científicos.
Actuar en ese frente, el único que garantiza una solución al problema, es competencia exclusiva del gobierno federal.
La extracción del sargazo en el mar involucra al Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) que otorga los permisos aunque para el caso, sin precedente, debe también gestionar cambios a la Norma Oficial.
Una vez que la macroalga arriba a las playas se expande en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), la franja de 20 metros desde el nivel de marea más alta hacia tierra dentro. Esta franja es administrada también por el gobierno federal, igual que las dunas, los humedales y otros ecosistemas son manejados y protegidos bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las costas de Quintana Roo afectadas por el sargazo se localizan dentro de varios polígonos de áreas protegidas que son competencia de la Conanp, como la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano -para la cual aún no se ha elaborado el respectivo plan de manejo-, Yum Balam, Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, Arrecife de Puerto Morelos, Cozumel, Sian Ka´an y Xcalak.
Además, por la dimensión, complejidad del fenómeno que involucra a varios países de la región y sus potenciales impactos a la economía -entre ella la generación de divisas turísticas para el país-, a los ecosistemas y a la salud de la población, se requiere la intervención urgente coordinada de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Marina, Turismo, de Gobernación, de Hacienda y de Salud, aparte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo presupuesto ha sido reducido en 61 por ciento perdiendo el soporte indispensable para atender estos efectos del cambio climático y contaminación de los océanos.
Los gobiernos municipales y el gobierno del estado no tienen ni los atributos ni tampoco los recursos financieros, materiales, humanos y técnicos necesarios para resolver el problema y lograr el manejo integral y sustentable del sargazo. Deben colaborar, asumir compromisos y responsabilidades, pero no pueden intervenir, por legislación y Constitución, en la atención de un problema de índole federal.
La federación invirtió en 2018 unos 60 millones de pesos para los trabajos de contención, recolección y disposición del sargazo en los municipios afectados de Quintana Roo, pero desde entonces ha abandonado la labor para evitar que el fenómeno se convierta en un desastre y afecte a la economía, el turismo, los ecosistemas y la salud de los habitantes. De no atenderse de inmediato, las consecuencias tendrán un costo superior a cualquier inversión que pueda aportarse para solucionar, en este momento, el problema; después, será un desastre que no podrá considerarse propiamente natural porque pudo evitarse con la intervención del hombre; es decir, de la federación.
