LÁZARO CÁRDENAS, Quintana Roo.- Un grupo de ejidatarios de la comunidad de San Francisco, se presentó en las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) para aclarar varios puntos sobre la desincorporación y posible venta de mil hectáreas de tierras.
Alertan que el contrato de prestación de servicios profesionales está a punto de firmarse entre las autoridades ejidales y Édgar Javier Izaguirre Báez, quien busca percibir como pago en especie el 25% de la superficie que se va lotificar, es decir 250 hectáreas, cuando a cada ejidatario sólo le corresponderían 40 hectáreas.
Este tema agravó el divisionismo y creó controversias entre los 140 ejidatarios, debido a que unos 50 se oponen al contrato, cuya copia tienen ahora en su poder, y no se ha modificado a pesar de que fue una sugerencia de la Procuraduría Agraria.
Hermenegildo Reyes Nahuat Canché, y otros ejidatarios de San Francisco, entre ellos el tesorero de la directiva, Valerio Nahuat Nahuat, se presentaron ante la Procuraduría Agraria para solicitar la intervención de la autoridad en el caso de la desincorporación de tierras a favor de un particular.
Acusan que esta persona se confabula con algunos ejidatarios para manejar un contrato, que en vez de beneficiar va a perjudicar a este núcleo ejidal.
“No han hecho las modificaciones al contrato, nosotros no estamos de acuerdo de con que solo se presente una opción de servicios profesionales, cuando hay otros empresarios que están dispuestos a realizar los trabajos correspondientes para la desincorporación de la tierra, de uso común a comercial, para poder venderla, pero solo recibimos amenazas de la directiva y de otros ejidatarios que se quieren deshacer del patrimonio de sus hijos”, acusaron.
Explicaron que el contrato de prestación de servicios determina que Izaguirre Báez realizará estudios topográficos y geotécnicos necesarios para desarrollar el proyecto, elaboración del proyecto en el plan maestro y planes subsecuentes, entre otras actividades.
De acuerdo a los datos obtenidos, son 140 ejidatarios de San Francisco, de los cuales 100 son los que quieren vender de a 10 hectáreas cada uno, a una empresa de la que no se dio a conocer el nombre, aunque se dice que saldrá beneficiado el supuesto gestor y empresario de Monterrey, Edgar Javier Izaguirre Báez que busca poco más de mil hectáreas que se ubicarían en las colindancias con Agua Azul y otros ejidos de la zona para la creación de proyectos.
Este litigio comenzó en meses pasados, cuando se buscaba el diálogo entre el grupo de ejidatarios y el grupo de comuneros, donde se encuentra el comisariado ejidal, quien recibió la asesoría de la titular de la Procuraduría Agraria, Erika Hernández Marcial, quien explicó a los ejidatarios de ambos grupos que para realizar la venta de tierras primero tendrían que convocar a una asamblea de formalidades especiales.
“A dicha asamblea tiene que asistir el 75% del padrón de comuneros, es decir tendrían que acudir parte de los ejidatarios inconformes para poder hacer la asamblea, aunque en esa misma asamblea, el ejidatario debe dejar en claro por voluntad propia que no quiere vender sus tierras” dijo.
La representante de la Procuraduría sostuvo que los ejidatarios que no quieran vender no pueden ser obligados a hacerlo, pero tampoco ellos pueden evitar la venta de quienes quieran hacerlo, siempre y cuando se haga bajo los términos y marcos legales para proteger su patrimonio.
En este caso las reuniones de información que han tenido no pueden ser consideradas asambleas válidas y tienen que convocar a una de formalidades especiales que cumpla con todos los términos. (LUIS MÉNDEZ/GRUPO CANTÓN)
