JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN
TULUM.- Surge una nueva denuncia por ecocidio en Tulum. Esta vez grupos ambientalistas alzan la voz para señalar la tala de manglar en un predio colindante a los restaurantes Hartwood y Rosa Negra en la zona costera de dicho municipio.
Vecinos y activistas a favor del medio ambiente aseguran que luego de que el huracán derribase el cerco de madera que impedía visualizar el tipo de trabajos que se llevaban a cabo, se pudo apreciar el desmonte de mangle y Palma Chic, ambas especies protegidas por la NOM-022.
Pese a que los trabajos llevaban ya varios días, la dirección municipal de Medio Ambiente colocó los sellos una vez que ya era evidente la ilegalidad de las obras en el referido predio. En lo que toca a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ésta nunca se percató de los hechos, pese a que la tala de mangle y palma chic es un delito federal que se persigue y se paga con cárcel.
Ante las quejas, Edgar Alejandro Castro Santana, director de Inspección de Desarrollo Urbano y Ecología en Tulum, aseguró que este lunes saldría a dar datos más específicos, pues el fin de semana el funcionario se encontraba fuera de la ciudad.
No es el primer desmonte ilegal de vegetación protegida por ley en Tulum. Apenas en abril de este año el propio presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, inauguró el primero de nueve caminos que se pretenden construir sobre manglares con el pretexto de mejorar la vialidad en la zona hotelera de ese municipio,
Ninguno de los referidos caminos solicitó autorización de Impacto Ambiental (MIA), ni autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni se ha tomado en cuenta lo establecido por la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) o la Norma Oficial Mexicana (NOM-022), que es justamente la que protege, bajo pena de cárcel, a esta especie protegida.
En total, Mas Tah anunció en sus redes sociales que se construirían nueve conectores de 4.2 kilómetros, el primero, inaugurado en avenida Kukulkán para conectar la vialidad con la zona costera a partir del punto conocido como el Tábano, hasta Casa Malca.
“Los otros ocho conectores se inaugurarán uno cada 15 días. Con la mejora en la movilidad de la costera, reducimos los tiempos de traslado, facilitamos la entrada de servicios de emergencia y seguridad para atender las necesidades de tulumenses y visitantes”, expresó el edil, quien al parecer no era consciente del delito ambiental que estaba cometiendo en ese momento.
Se anunció incluso un cuartel de la Guardia Nacional, en un terreno “donado”, sin especificar de dónde proviene la donación.
El aún alcalde tulumense se amparó en el hecho de que dichos trabajos “están previstos en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable de Tulum”, dijo en aquel momento.
Revés legal
Al respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental emitió un pronunciamiento en el que hacer referencia a que el pasado 13 de agosto, el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Quintana Roo, otorgó la suspensión definitiva para efecto que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de su competencia se abstengan de expedir o autorizar cualquier acto relativo a la asignación de destinos y usos de suelo con motivo de la aplicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (Pmotedus) del municipio de Tulum, Quintana Roo, a fin de que no se concrete acto alguno derivado de ese programa, hasta la resolución final de la demanda.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) asegura que esta decisión de la autoridad judicial sienta un precedente fundamental que puede impedir que en los otros 11 municipios de Quintana Roo se utilice este instrumento normativo para seguir modificando las densidades del suelo con fines de especulación inmobiliaria.
El 14 de mayo de 2021, habitantes del municipio de Tulum, con asesoría del Cemda, presentaron una demanda de amparo en contra de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo (LAHOyDU), así como de la aplicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (Pmotedus) de Tulum, debido a que violan derechos fundamentales de nuestra Constitución como el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, así como el derecho al desarrollo urbano controlado y sustentable. El amparo fue interpuesto en contra del Secretario de Gobierno, del Director del Periódico Oficial y del Congreso del estado de Quintana Roo, así como del Municipio y del Ayuntamiento de Tulum.
La LAHOyDU fue expedida por el Congreso del estado de Quintana Roo el 16 de mayo de 2018 y en ella se prevé la posibilidad de ordenar el territorio a través de diversos instrumentos de planeación, entre ellos Programas Municipales de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano. Posteriormente, el 31 de marzo pasado, fue publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo, el Pmotedu de Tulum.
El Cemda asegura que con ello, se pretende concentrar tanto el ordenamiento ecológico desarrollado en el estado de Quintana Roo, como el ordenamiento territorial de asentamientos humanos y desarrollo urbano, resultando evidente la prevalencia de la perspectiva de desarrollo urbano, no así el aspecto ecológico, lo cual contradice principios y criterios fundamentales del derecho humano a un medio ambiente sano, consagrados tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
El organismo añade que Quintana Roo cuenta con una rica biodiversidad reconocida y protegida tanto a nivel nacional como internacional. Específicamente, el municipio de Tulum cuenta con manglares, inscritos en la Convención Ramsar para la protección de humedales de importancia internacional, en cuyo interior se albergan diversas especies de flora y fauna; además, dentro de esa área existen cenotes de agua dulce, ligados a las tradiciones, ceremonias y leyendas del pueblo maya. Asimismo, la zona está rodeada por cuatro Áreas Naturales Protegidas federales como son el Parque Nacional de Tulum; la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an -ubicada en los municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto e incorporada en 1986 por la Unesco en su Programa El Hombre y la Biosfera-; la Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka’an y la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.
“Además de resultar inconstitucional por violar el derecho humano a un medio ambiente sano, la Ley impugnada también es violatoria del derecho humano al agua, pues las consecuencias de su aplicación pueden significar la alteración del suelo, así como de los ecosistemas que alimentan el abastecimiento de agua de la región, causando afectaciones a los habitantes de Tulum”.
“La propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se ha manifestado en contra, a través de un comunicado de prensa emitido el mes de marzo pasado, en el cual desconoce al Pmotedus de Tulum como instrumento para planificación territorial y advierte que el Programa presenta graves faltas e incongruencias que propician el deterioro ambiental del municipio y de Quintana Roo”, expone el Cemda.
Finalmente, refieren que en la determinación emitida por el Juzgado, se advierte que la suspensión definitiva fue otorgada pues “de no concederse la medida cautelar, el acuerdo controvertido podría consumarse de manera irreparable”, lo cual significa que, de aplicarse la LAHOTyDU y el Programa Municipal de Tulum, se habrían consumado de forma irreparable daños al ambiente que violarían los derechos humanos aludidos. Será en la audiencia constitucional donde el juez determinará si decreta la inconstitucionalidad de la LAHOTyDU; en tanto, no será posible autorizar cambios de uso de suelo contemplados en el Programa Municipal de Tulum.
Sin embargo, activistas aseguran que en este mes se han denunciado por lo menos otros cinco ecocidios en la Riviera Maya. Etre los proyectos ecocidas refieren la construcción de un hotel de Grupo Posadas en un predio colindante al santuario Xcacel Xcacelito en Tulum, la construcción de un camino en el mar y una playa artificial, adjudicada al Fideicomiso de Puerto Aventuras y el empresario Román Rivera Torres, las obras de Grupo Xcaret en la Biósfera del Caribe Mexicano, y el cuarto muelle de Cruceros en Cozumel, en otros dejan ver como el Estado y autoridad municipal son espectadores de la devastación.
