Paloma Wong / GRUPO CANTÓN
Chetumal.- Trabajadores del Poder Judicial en la zona sur del Estado se sumaron al paro de labores qué se realiza a nivel nacional como protesta ante el nuevo dictamen sobre la reforma a dicho poder; esta movilización inició este lunes, y por lo pronto se estima dure tres días, todo dependerá de los alcances obtenidos a nivel nacional.
Actualmente el Congreso de la Unión, mediante las comisiones involucradas, trabaja para dejar listo el dictamen final de la reforma al Poder Judicial, que sería abordado por la próxima Legislatura Federal. Incluso se han llevado foros y mesas de diálogos previas, pero en la elaboración del anteproyecto no se consideró las posturas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Alejandro Rodríguez, oficial judicial C del juzgado sexto de distrito con sede en Chetumal, dijo que de momento la suspensión en lo local es de 3 días en espera de mayores instrucciones, enfatizando que la pretendida reforma afectaría gravemente a los derechos humanos de todos los mexicanos y a la garantía de la independencia judicial.
Recalcó que lo único que buscan es que como trabajadores sean escuchadas sus peticiones, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en la Constitución Política.
“Es como una forma de llamar la atención de parte de la base trabajadora a los legisladores electos para que haya una mayor apertura y espacio para poder escucharnos y podamos manifestar nuestra opinión y nuestro sentir a la reforma que va afectar gravemente a los derechos humanos de todos los mexicanos y a la garantía de independencia del Poder Judicial”, apuntó.
Sostuvo que pese al dicho de los legisladores electos y de quienes promueven la reforma que se van a garantizar los derechos laborales de los trabajadores, en el documento solo existe un transitorio donde se manifiesta de manera ambigua y de acuerdo con el artículo 127 fracción II de la constitución es que sí habrá repercusión en ciertas prestaciones que tienen en caso de aprobarse dicha reforma judicial.
El personal del Poder judicial insistió que la principal demanda es que sean escuchados por los legisladores electos y no quienes van de salida, pero sobre todo que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y la independencia judicial.
Por su parte, la oficial judicial C del Juzgado VI de Distrito, Nora Abreu Zapata, denunció que el dictamen abordado en el Congreso de la Unión tiene más objetivos políticos, porque también genera incertidumbre en las prestaciones de los trabajadores, pues con la disolución del Consejo de la Judicatura Federal, equivalente a la desaparición del “patrón”, se pierden derechos y prestaciones, y la iniciativa no clarifica las Condiciones Generales de Trabajo (CGT).
Asimismo, el dictamen se fundamenta más en política que en cuestión legal, pues genera inconsistencias en materia legal. Inclusive, limita la interpretación jurídica, lo cual se contrapone al Principio Propersona, y Control de Convencionalidad; es decir se contrapone a los Derechos Humanos e impartición de justicia.