AGENCIA SIM / Grupo Cantón
(Investigaciones especiales)
Cancún.- Lo que debió ser un divorcio normal, se ha convertido en un infierno para la exesposa del funcionario público del Gobierno del Estado Vicente de Jesús Franco Reyes, pues Lucero Ojeda Pérez, con la que estuvo casada 17 años, ha sido víctima de acoso, amenazas, hostigamiento, imputaciones de delito y últimamente hasta han atentado contra su vida y la de su pequeño hijo.
A tal grado, que el caso ya es conocido por la Gobernadora Mara Lezama, quien siempre ha apoyado a las mujeres y no permite que exista ninguna justicia hacia ellas, menos la violencia intrafamiliar que sufrió Lucero Ojeda cuando estuvo casada con Vicente de Jesús Franco Reyes, actual director de licencias de bebidas alcohólicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que por recomendaciones del conocido operador político Francisco “Paco” Carrillo Flores.
Desde hace cuatro meses, en julio pasado, varios medios dieron a conocer la situación que vivía Lucero Ojeda Pérez, quien había revelado que el 14 de noviembre sería su audiencia; “Según la víctima de violencia familiar, la Fiscalía levantó el acta de denuncia.
FGE/QROO/CAN/FEDCMYRG/04/1946/2024, con el número único de caso FGE/QROO/BJ/04/8392/2024 y la carpeta de investigación
FGE/QROO/CAN/FEFCMYRG/04/975/2024, donde refiere denunciar la comisión de un hecho que la ley tipifica como delito de violencia familiar, cometido en mi agravio y en contra del C. Vicente de Jesús Franco Reyes”.
La víctima del Director de Licencias de Bebidas Alcohólicas del Gobierno del Estado, hizo del conocimiento del cado a la jefa del Ejecutivo Mara Lezama, a quien abordó el 6 de octubre pasado para externar su preocupación “al ser detenida de manera arbitraría por policías municipales, sabiendo que el señor Vicente Franco hace uso de sus influencias, su puesto en Gobierno del Estado e incluso paga y ofrece Licencias de Bebidas Alcohólicas con la intención de afectar mi reputación, mi integridad y privarme de la libertad”.
De acuerdo con los testimoniales presentados en el juicio y revelado por la víctima de Vicente de Jesús Franco, Lucero Ojeda se disponía a dejar a su hijo en el Centro de Convivencia Familiar de Cancún (Cecofam), para que viera a su papá, pues así lo determinó la justicia. Sin embargo, después de dejar al menor y con una señal del funcionario Estatal a los elementos de la patrullo número 5889 del Municipio, éstos empezaron a seguir la camioneta Journey color azul donde se transportaba la víctima.
“A las 15:06 horas, la oficial de nombre Anareli, agarra una mochila de la parte de atrás de la patrulla y en la mano se le ve un celular con el WhatsApp abierto, mismo celular que usa en diferentes ocasiones e incluso sacó para grabar lo que yo le decía al momento de detenerme. Ahora sé que ahí estaba el arma que iban a sembrarme para detenerme, con la única intención de que al momento de estar detenida no acudiera a recoger a mi hijo a Cecofam y el señor Vicente Franco se quedara con la guardia y custodia, lo cual ha sido su intención desde el momento que no accedí a sus pretensiones abusivas”, revela Lucero Ojeda.
El empleado de la Sefiplan, llegó ese día abordo de una camioneta Tahoe color gris, de reciente adquisición, cuyo valor en el mercado es de 1 millón 674 mil 400 pesos, la más austera, que si es de la dependencia debería estar en el estacionamiento, por ser domingo, un día inhábil.
“Tan solo 2 minutos después, yo paso en una camioneta Journey color azul y justo en ese momento los oficiales Saúl y Anareli, empiezan a seguirme y me detienen argumentando que una camioneta con las mismas características y misma placa, había sido reportada como involucrada en un robo, cabe mencionar que no hay reporte alguno en el C5”, hay que señalar que estar arbitrariedades ya fueron castigadas con la suspensión de esos dos policías municipales, pues la presidenta Ana Patricia Peralta de la Peña no está dispuesta a tolerar este tipo de abuso de autoridad.
Según el Código Civil del Estado de Quintana Roo, el matrimonio mancomunado, también conocido como sociedad conyugal, es un régimen patrimonial en el que ambos cónyuges son propietarios al 50% de los bienes adquiridos después del matrimonio civil. Esto incluye el patrimonio que cada uno tenía antes de casarse, con excepción de la vivienda y enseres familiares. En caso de que uno de los cónyuges fallezca, la mitad de sus bienes le corresponde al sobreviviente y la otra mitad se reparte entre los hijos.
Para inscribir la sociedad conyugal en los bienes inmuebles del matrimonio, se puede acudir al Registro Público de la Propiedad y del Comercio. La elección entre bienes mancomunados o separados depende de las preferencias y situación de cada pareja. Algunos prefieren la independencia financiera que ofrece la separación de bienes, mientras que otros valoran la simplicidad de la gestión conjunta.
Este es el caso de la pareja compuesta por Vicente de Jesús Franco Reyes y Lucero Ojeda Pérez, de acuerdo con el acta de matrimonio inscrita en la Oficialía número 6, libro número 2, tomo 2, acta número 00291, en la foja número 91 de Cancún, el 04 de abril de 2007, por tener ambos 17 años, los padres de los contrayentes dieron su consentimiento.
El juez del Registro Civil detalla en el acta que “este contrato de matrimonio según la voluntad expresa por los contrayentes está sujeto al régimen de sociedad conyugal”, por lo que, al separarse, debe cumplirse con la ley de que el 50% de todo lo adquirido durante los años de matrimonio se para la esposa y el resto para el esposo.
Según Lucero Ojeda, ese es el verdadero problema de Vicente de Jesús Franco, quien no quiere otorgarle lo que a derecho le corresponde y prefiere verla tras las rejas o muerta; esto último ya fue documentado en julio pasado por diversos medios de comunicación.