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Sistema penitenciario de Quintana Roo sufre grave retroceso en calificación nacional de Derechos Humanos

REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN

CANCÚN.- El sistema penitenciario de Quintana Roo retrocedió en su calificación dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), que anualmente realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Q. Roo obtuvo una calificación de 4.84, durante el periodo de 2023, lo que significa un grave retroceso en comparación con 2022, cuando registró un puntaje de 7.19.

De acuerdo con el reporte, en la entidad las mujeres privadas de libertad se mantienen en centros mixtos y en la mayoría de los casos son espacios que funcionan como anexos que no cuentan con los servicios necesarios para la atención a la salud, ya que se les debe brindar una atención diferenciada, con base en las necesidades que ellas tienen.

Según los resultados, las cuatro cárceles del Estado que fueron revisadas registraron un descenso considerable. El penal en Chetumal obtuvo un 4.56, que es una calificación baja comparada con el 7.05 alcanzado en 2022, en esta prisión, de acuerdo con el reporte, tiene que atenderse las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, pues apunta que son insuficientes las instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.

Por otro lado, el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún obtuvo un 3.33, lo que representa un importante descenso, pues en 2022 aprobó con 6.23 y la CNDH advirtió deficiencias en los servicios de salud; no existe una adecuada separación entre hombres y mujeres; hacinamiento, entre otras cuestiones.

En el penal de Playa de Carmen, la calificación pasó de 7.27 en 2022 a 5.64 en 2023. Entre las preocupaciones señaladas se encuentran el hacinamiento, la sobrepoblación y la falta de programas efectivos para la prevención y atención de incidentes violentos.

Mientras en Cozumel, la calificación pasó de 8,19 en 2022 a un 5.85 en 2023. La CNDH recomendó abordar las deficiencias en la atención a personas adultas mayores y con discapacidad, así como la falta de capacitación al personal de custodia.