REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
TULUM.- El alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, está bajo escrutinio público tras ser señalado de presunta complicidad o negligencia en un caso de despojo masivo de tierras que involucra a la mafia inmobiliaria. El caso salió a la luz cuando Don Cayetano Nieto Colín, un adulto mayor, descubrió que había perdido 179 hectáreas de su propiedad mediante falsificación de documentos y presunta colusión de funcionarios municipales, quienes procesaron trámites que normalmente toman meses en tan solo días.
La operación fraudulenta benefició a diversas personas físicas y morales, incluyendo al Grupo Ferram y figuras relacionadas como Andrés Millet González, Roberto Fitzmaurice Lubcke y Denis Alaín Jiménez Santos. Este último es esposo de Paulina Yadira Malpica Yáñez, regidora del ayuntamiento de Tulum y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano.
Según la denuncia, la pareja adquirió cinco hectáreas en 2022 mediante títulos falsos. Funcionarios como Lorenzo Miranda Miranda, titular de Desarrollo Urbano, y Rubén Raziel Ek Cruz, encargado de Catastro, firmaron los documentos que permitieron la transferencia irregular de tierras.
La presunta implicación de Castañón Trejo radica en que, durante su periodo como tesorero, dependencias bajo su mando, como Catastro, jugaron un papel clave en las operaciones.
Además, se señala la posible participación de Laila Flores, ex titular del Registro Público, quien presuntamente operó a través de Irene Cenicero González.
Abogados y ciudadanos ahora cuestionan: ¿es el alcalde Diego Castañón rehén o cómplice de esta red? Mientras tanto, los involucrados deberán comparecer para esclarecer su rol en esta trama, cuyos efectos resuenan desde Yucatán hasta Tulum, marcando un nuevo episodio en el avance de la mafia inmobiliaria.
Epicentro de despojos
Tulum se ha convertido en un emblema de las invasiones y despojos de tierras, revelándose que muchas de estas prácticas son impulsadas desde altos niveles. Según un diario, se utilizan personas en situación de necesidad para invadir áreas naturales protegidas; posteriormente, las autoridades ejecutan desalojos y los terrenos impactados se autorizan para la construcción de lujosos complejos residenciales.
Este esquema ha dado lugar a desarrollos inmobiliarios millonarios que colindan con zonas de invasión, especialmente en las inmediaciones de la zona hotelera.
“Tulum es un ejemplo claro de los retos que enfrenta el país: la desaparición de ejidos en un contexto de debilitamiento institucional, donde la ambición empresarial prevalece sobre la ley y los planes de desarrollo sustentable”, expresó la periodista Lydia Cacho al referirse a estos despojos.
Propietarios afectados denunciaron un esquema sistemático de despojo de tierras, revelando un modus operandi que podría convertirse en uno de los casos de corrupción más relevantes.
“Hay una mafia terrible detrás de estos despojos: familias y personas con décadas de posesión han sido despojadas mediante la falsificación de títulos de propiedad”, señaló José Alonso Ovando, titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), tras las primeras denuncias de los afectados.
