REDACCIÓN / Grupo Cantón
PLAYA DEL CARMEN.- Sergio Clavel Santiago, trabajador que ganó un laudo de más de un millón 200 mil pesos en contra de dos empresas que limpiaban las plantas de tratamientos de Walmart y Bodega Aurrerá, señaló que su caso se ha alargado por 13 años por una serie de irregularidades y actos de corrupción o conflicto de intereses por diversos actores, incluido dos de sus abogados y la propia Junta de Conciliación y Arbitraje.
En entrevista, con toda la documentación del caso expuesta consigo, este ciudadano señaló específicamente al abogado Julio Enrique Medina Alcocer, quien tiene un despacho en la avenida Juárez de Playa del Carmen, de haberlo representado por dos años, sin tener ningún avance, y que, tras reemplazarlo con otro litigante, se hizo abogado de las empresas demandadas, un evidente conflicto de intereses, hecho que incluso está tipificado en el Código Penal Federal.
El Artículo 232 del código citado, en su capítulo “Delitos de abogados, patronos y litigantes”, marca hasta tres años de prisión a quien ayude a contendientes opuestos, o bien cuando se acepta el patrocinio de uno y después el de la parte contraria.
En este caso, el trabajador (quien demandó a su ex empleo en 2011 por despido injustificado, además de nunca haberle cubierto seguridad social ni Infonavit) señaló que por dos años estuvo este abogado solo postergando su asunto, hasta que, finalmente, al ser confrontado, Julio Enrique Medina Alcocer le dijo directamente que “en tu caso nunca tendrás justicia”, razón por la que decidió revocar su poder de representación.
El litigio continuó con otro abogado, pero al parecer Julio Enrique Medina Alcocer “corrió con el bando contrario” y ofreció sus servicios, algo que está penado por la ley, ya que implica que aprovecha su conocimiento de asuntos que debe conservar bajo secreto profesional.
Increíblemente, esta ilegalidad fue aceptada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, que jamás objetó esta falta de ética, y que, además, fue cómplice en ocultar esta irregularidad al trabajador.
Esto, porque cuando se realizaban audiencias, este abogado se le escondía, incluso en el baño de la Junta, situación que descubrió mucho después.
Sergio Clavel Santiago, además de demandar a Construcciones Hidráulicas Ecológicas y Servicios Administrativos Guacán, las dos empresas que administraba su ex patrón, Ricardo Reyes, también demandó a Walmart y Bodega Aurrerá, al dedicarse él por seis años a limpiar sus plantas de tratamiento.
Sin embargo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que entonces presidía Julio Méndez, junto a su segundo abogado Óscar Rueda, se pusieron de acuerdo con Walmart para zafarlos de esta demanda.
“Fue la propia Junta quien me dijo que también correspondía demandar a Walmart, pero solo para que después ellos pudieran hablar con su abogado”, criticó este trabajador.
Esto porque cuando tocó la audiencia, su abogado y la Junta señalaron en los documentos que él no había acudido, pese a estar allí presente. Con ello, y por una segunda omisión por parte de su abogado, a la hora de tramitar un amparo, Walmart quedó exculpado de este caso.
Sergio Clavel recuerda que el abogado de esta transnacional le ofreció 50 mil pesos para desistirse, y al no aceptar él, fue a dialogar con el presidente de la Junta.
Este trabajador, acudió ante la Comisión de Derechos Humanos estatal ante esta irregularidad, y en respuesta a su queja, Julio Méndez admitió en un escrito que Sergio Clavel sí estaba presente el día en que señalaron que no había acudido a la audiencia.
Curiosamente, fue a través de Derechos Humanos que descubrió, en la documentación entregada, que su ex abogado figuraba como defensor de la parte contraria.
A pesar de los fraudes de dos de sus abogados, este trabajador perseveró. Incluso, tuvo que él acudir a notificar personalmente a estas empresas del juicio entablado, ante la parálisis de los actuarios.
Tocó una nueva audiencia, y en la Junta le señalaron que no se había notificado a la contraparte, para sorpresa de ellos, Sergio Clavel les mostró el acuse de recibo de cuando él fue a realizar este trámite, por lo que no pudieron dar “carpetazo” a su asunto.
Fue así que finalmente obtuvo un laudo favorable, de un millón 200 mil pesos. Para ejecutarlo, se congelaron las cuentas bancarias de estas dos empresas, para así obtener 160 mil pesos.
A pesar de este triunfo inicial, de este punto no ha avanzado la ejecutoria, en ya cerca de cinco años. Esto, porque las plantas de tratamiento que podrían haber sido embargadas ya habían sido compradas por Walmart. Las oficinas de esta empresa también fueron vendidas a un tercero y estas dos razones sociales parecen haberse “esfumado” de Quintana Roo.
“Me dicen que vaya a Guadalajara, de donde es esta empresa, para entablar mi demanda allá, pero yo digo que me contrataron aquí en Quintana Roo”, critica esta persona, quien dice carecer los medios para seguir este asunto en el otro lado del país.
Sergio Clavel señala que ya presentó un escrito con toda esta relación de hechos a la presidenta Claudia Sheinbaum, en espera de que pueda interceder.
Aunado a ello, ya obtuvo la copia completa de su expediente. La Junta de Conciliación y Arbitraje le intentó cobrar 12 mil pesos por estos documentos, pero, ya prevenido, este trabajador fue a la Cdheqroo, por lo que accedieron a cobrarle solo 180 pesos por la certificación de las copias. Eso sí, él tuvo que comprar las cerca de 500 hojas en blanco para la impresión.