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19 abril, 2024

Especialistas denunciaron que ese PDU implica riesgos para los ecosistemas costeros de Puerto.

Puerto Morelos

Nuevo revés al negociazo de Laura Fernández Piña

Miles de habitantes lo cuestionaron, incluso la Semarnat refirió que afectaba la densidad del municipio

CRISTINA ESCUDERO
GRUPO CANTÓN

PUERTO MORELOS. El juez Gerardo Vázquez Morales del Juzgado Segundo de Distrito, dio un duro revés a la presidenta municipal con licencia Laura Fernández Piña, al haber frenado la aplicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos 2020-2030, conocido como el PDU, el cual aprobó a puerta cerrada el pasado 4 de marzo, antes de pedir licencia para irse de campaña por una diputación federal.
Lo que miles de portomorelenses cuestionaron constantemente, surtió efecto a nivel federal, ya que desde un principio se manifestaron en contra del PDU propuesto por Laura Fernández Piña y que incluso provocó que la alcaldesa despidiera al ahora candidato del partido Fuerza por México, Tirso Esquivel Ávila, al “no haber sacado adelante el proyecto y haberse manifestado en contra” de un plan de desarrollo que hasta la Semarnat refirió que afectaba la densidad del municipio de Puerto Morelos.

El programa fue aprobado a puerta cerrada antes que Laura Fernández solicitara licencia.

La justicia federal otorgó una suspensión provisional a la quejosa Marbella de los Ángeles Caamal Can, quien es residente de Puerto Morelos e integrante de la comunidad maya, esto como parte del juicio de amparo al que se le asignó el número de expediente único nacional 27905832, contra la “iniciativa, discusión, aprobación del decreto publicado el 05/03/2021”, en cuyo proceso logró comprobar su interés legítimo.
El juez Gerardo Vázquez, afirma en su sentencia que Marbella de los Ángeles Caamal, acreditó jurídicamente el “daño inminente e irreparable” del tan cuestionado PDU, con lo cual se concedió la protección de la Unión “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan”.

* La decisión del juez obliga a las autoridades de Puerto Morelos a que cualquier obra civil que se pretenda construir deberá apegarse al PDU anterior

De la misma forma la justifica federal ordenó al Ayuntamiento portomorelense: “detener la emisión de permisos, autorizaciones y licencias de construcción, además de las edificaciones que se ejecuten al amparo de esa normatividad”, lo cual significa que cualquier obra civil que se pretende construir en el municipio, deberá ser en apego al PDU anterior, esto, hasta lo que se resuelva en la sentencia definitiva a dictarse en el juicio principal.
Asimismo, dentro de la medida se emplazó a que las autorizaciones de Desarrollo Urbano “deberán estar en concordancia con la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT, que establece lineamientos para la preservación, conservación y aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar y con la la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, denominada Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres —categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio—, lista de especies en riesgo”.

Tirso Esquivel, actual candidato a la alcaldía del municipio fue cesado por estar en contra.

La resolución del juez, precisa que “la presente suspensión no tiene por efecto prohibir emitir permisos o licencias, autorizaciones, sólo que no se emitirán conforme al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Puerto Morelos 2020-2030”.
Cabe mencionar que el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por el Cabildo a puerta cerrada, pone en peligro el ecosistema y con el que prácticamente le están entregando el municipio a empresas inmobiliarias y desarrollos hoteleros.
En este no se tomaron en cuenta las observaciones técnicas de los ciudadanos, así como de expertos de la UNAM y de ONGs, quienes revelaron que el PDU de Puerto Morelos, aumenta la densidad de hoteles hasta 200 cuartos por hectárea e incrementa la altura de los edificios hasta 10 y 20 niveles y autoriza pasar de 60 viviendas por hectárea en cuatro niveles, hasta 500 viviendas por hectárea y 20 niveles en densificación urbana.
Asimismo, fomenta el desarrollo de casas en zonas inundables y pretende devastar el manglar para la construcción de un puente que atraviesa el humedal para conectar el puerto con un centro logístico de manejo de carga y una estación para el Tren Maya.

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