Jazmín Ramos / GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- Migrantes ilegales que fueron deportados o no pudieron llegar a Estados Unidos son utilizados como mano de obra barata en Quintana Roo, principalmente en la industria de la construcción, agencias de seguridad privada, repartidores, empresas que ofrecen servicios de limpieza, operadores del transporte público e incluso en puestos operativos de la actividad turística.
Con base en datos de organizaciones sociales, activistas defensores de los derechos humanos, abogados independientes y del propio Instituto Nacional de Migración (INM), la entidad dejó de ser un destino de paso para convertirse en receptor de migrantes que carecen de un estatus legal y que para subsistir terminan haciendo trabajos que los mexicanos rechazan por los bajos salarios y la temporalidad.
Guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, colombianos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, haitianos y hasta hindúes han encontrado cabida en el mercado laboral en Quintana Roo, de hecho, han incursionado hasta en el comercio informal, informaron inspectores de la dirección de Comercio en la Vía Pública que pidieron el anonimato para evitar represalias.
Pero la mano de obra migrante también es utilizada por el crimen organizado, principalmente en el tráfico de drogas, para el cobro de deudas, robos y prostitución. Es más, el propio director general de las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración (INM), Héctor Martínez Costera, declaró en una visita que hizo a Cancún en septiembre del 2024, que la delincuencia tomó el control del tráfico de personas.
Mencionó que los migrantes que transitan de manera ilegal por México tienen como fin llegar a Estados Unidos pagando entre 6 mil a 7 mil dólares con una garantía de tres intentos, por lo que, si al cuarto no lo logran, terminan trabajando para el crimen organizado como mulas, en los llamados préstamos gota a gota, en robos a casa habitación y en la prostitución.
Indicó que si bien esto no es privativo de Quintana Roo, sino de otras ciudades del país, se acentúa en el estado por la cercanía con la frontera sur, en donde han detectado 200 puntos de entradas ilegales a México donde el crimen organizado no solo trafica con drogas, sino también con seres humanos.
El funcionario admitió que hay una grave crisis migratoria al grado de que solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, transitaron por México 13 millones de migrantes, de los cuales México rescató 6 millones. Sin embargo, lejos de que este fenómeno pare, sigue en aumento y ahora, con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos Donald Trump, generará una oleada de extranjeros que buscarán quedarse en México y Quintana Roo se encuentra en la lista.
Un informe de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indica que únicamente en el primer semestre del 2024 la migración ilegal en el estado se triplicó comparado con el mismo periodo del 2023 y, aunque algunos entraron originalmente como turistas, finalmente alargaron su estancia sin regular su situación migratoria.
Este cotejo indica que las ciudades del estado con el mayor número de migrantes ilegales destacan Playa del Carmen, Cancún, Tulum y Chetumal, y se espera que la cifra vaya en aumento ante las deportaciones y las políticas migratorias de Estados Unidos (EU), dado que ya no están renovando permisos y están impulsando acciones para eliminar los esquemas de legalización.
Ante ello, la presidenta de la Fundación Cisvac, Marilyn Torres Leal, aseguró que luego de que se radicalizará el tema migratorio en EU, habrá una oleada de migrantes a México que se dispersará al centro del país y a Quintana Roo, esto debido a las oportunidades laborales que genera la industria turística.
Consideró que este flujo migratorio podría iniciar en abril, lo cual puede significar hasta 20 mil personas que buscarán quedarse en territorio mexicano, lo que recrudecerá los abusos a los ilegales, sobre todo en materia de derechos humanos y laborales.
Dijo que, tras frustrarse el sueño americano, buscaran alternativas destacando los destinos turísticos, siendo el Caribe Mexicano el de mayor potencial para insertarse en el mercado laboral y poder desarrollarse en busca de un mejor nivel de vida; sin embargo, enfrenta vicisitudes por la falta de un estatus migratorio.
Señaló que la mayoría de los migrantes terminan haciendo trabajos mal remunerados y con largas jornadas laborales. Generalmente, se emplean en la industria de la construcción, de agentes de seguridad, en empresas que ofrecen servicio de limpieza, repartidores, operadores del transporte público y hasta en la industria hotelera en puestos operativos.
En ese sentido, dijo que, aunque los hoteles no emplean a ilegales, lo cierto es que sí hay migrantes trabajando de cocineros, lavaplatos y mantenimiento, pero el pago se realiza a través de terciarias, es decir, que a pesar de que está prohibido el uso de las outsourcing, todavía siguen operando y son ellos quienes utilizan esa mano de obra.
Recalcó que, lamentablemente, no trabajan por contrato, carecen de prestaciones sociales y laboran más de ocho horas, violentando sus derechos; esto es muy común en la constructora y, cuando laboran de agentes de seguridad, como no son visibles, suelen emplearlos en franca evasión de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Asimismo, dijo que este nuevo boom migratorio en gran parte se debe al fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), un esquema que permitía a ciudadanos de algunos países de Latinoamérica permanecer en EU por conflictos armados, desastres naturales o persecución política.
Alertó que la primera oleada de migrantes por las políticas de la era Trump será en abril y, cuando concluya el TPS, vendrá otro nutrido grupo, el cual se espera para septiembre u octubre, quienes lamentablemente, con tal de no regresar a sus lugares de origen, suelen aceptar trabajos mal remunerados y sin ninguna clase de prestación.
Con respecto a la contratación de mano de obra ilegal, los líderes sindicales de la CTM y la CROC, Isidro Santamaria Casanova y Mario Machuca Sánchez, rechazaron que a través de sus respectivos gremios se esté empleando a trabajadores dado que todos sus afiliados se rigen por un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y deben tener su documentación en regla.
Sin embargo, no descartaron que hay empresas con las que no tiene CCT que realicen esas prácticas, pero es algo que le tocará resolver a las autoridades competentes, dado que los gremios se enfocan a defender la relación contractual buscando el bienestar de los trabajadores.
Por su parte, el expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, rechazó que se contraten ilegales, aunque admitió que de acuerdo a la LFT sí pueden contratar mano de obra extranjera siempre y cuando cuenten con sus permisos y cumplan la cuota establecida por la ordenanza.
Pero, pese a lo que dicen los sindicatos y el exlíder hotelero, sí hay migrantes ilegales en los puestos operativos de la industria turística, principalmente guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, peruanos, colombianos y haitianos, quienes son contratados como lavaplatos, ayudantes de cocina, mantenimiento y limpieza.
Es más, trabajadores de una agencia de seguridad privada que trabaja en Playa Mujeres aseguraron que, debido a que el salario es bajo y pocas prestaciones, los mexicanos no duran ni tres meses, por lo que ahora han optado por emplear a cubanos, venezolanos y colombianos.
Prueba de ello es que en Plaza la Isla y Pok Ta Pok los agentes de seguridad son de origen cubano; incluso en algunas dependencias de gobierno, los encargados de las entradas de los vehículos son personal extranjero, ejemplo de ello en la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ).
Ante ello, el presidente del colectivo Círculo Igualitario indicó que, debido a que los migrantes carecen de un estatus legal, es común que enfrenten abusos durante su proceso para radicar de forma permanente en el estado y se refirió especialmente a quienes integran la comunidad LGBTIQ+.
“Los migrantes ilegales sufren violaciones a sus derechos humanos y laborales, pero el tema se recrudece en la comunidad LGBTIQ+, pues aparte tiene que lidiar con el estigma por el hecho de identificarse con sexualidades e identidades que no se corresponden con el binarismo de género.
Comentó que el colectivo ha brindado ayuda legal y acompañamiento a migrantes que van de paso o que deciden quedarse en el estado; sin embargo, el flujo de personas que dejan sus países en busca de mejores condiciones de vida sigue en aumento.
En ese sentido, el presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, indicó que el estado es una zona privilegiada que mantiene un crecimiento económico superior a la media nacional derivado de la industria turística, pero esto también genera una constante migración, no solo de otras entidades del país, sino también de extranjeros.
Señaló que tras la pandemia, se registró un déficit de trabajadores, se pretendía emplear a migrantes bajo un esquema que impulsaría en su momento Marcelo Ebrard, quien en el anterior sexenio fungió como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), aunque la propuesta no prosperó,
No obstante, la migración continua; por lo tanto, estas personas buscan cómo emplearse para no regresar a sus países de origen. Además, se espera que con las actuales políticas migratorias de Trump este flujo de personas aumente considerablemente.
Datos de INM refieren que el 18 por ciento de los migrantes pretendían establecerse en otras ciudades del país al momento de ser deportados; finalmente optaron por Cancún derivado de su éxito turístico que le da la oportunidad de emplearse.
Y aunque las condiciones laborales no son las óptimas, finalmente logran insertarse en el mercado laboral, mientras que los menos favorecidos emprenden a través del comercio ambulante e incluso se les puede ver en los tianguis vendiendo comida típica de sus países de origen, ropa y artículos de belleza.
El hecho de que los migrantes formen parte de la Población Económicamente Activa (PEA) en Quintana Roo, independientemente de las condiciones laborales en las que trabaje, dio pie a que el estado dejara de ser un estado de paso y los migrantes decidieran quedarse en el territorio, tan así que el INM difundió que del total de 150 mil extranjeros ilegales que ingresan cada año al país, el 30 por ciento lo hacen por esa jurisdicción.
Es más, esto endureció las políticas migratorias al grado que los agentes migratorios registran un total de 400 inadmitidos diariamente en los aeropuertos del país, quienes tratan de ingresar en plan de turismo, pero al no acreditar que ese es el objetivo de su viaje, son regresados a su país de origen principalmente colombianos, guatemaltecos, venezolanos, ecuatorianos y peruanos.
