REDACCIÓN / Grupo Cantón
El Congreso del Estado aprobó este jueves una modificación al Código Penal con la que se incluye al matrimonio infantil dentro del catálogo de delitos graves en la entidad, alcanzando penas de hasta 22 años de prisión.
La propuesta, aprobada por unanimidad con 25 votos a favor, contempla en el código cualquier variante que se asemeje a un matrimonio o concubinato entre menores, o entre un menor y un adulto, bajo el término “Cohabitación Forzada”.
La diputada morenista Jissel Castro, ha sido la autora de esta reforma que tiene como finalidad la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una vida digna y libre de violencia y es que, en Quintana Roo el matrimonio infantil no estaba tipificado como delito hasta este día.
“Es una actividad muy común en las comunidades al sur de la entidad y que normalmente es tolerado entre sus habitantes ya que se ven orillados por factores como la pobreza, la desigualdad de género y la misma falta de protección a los derechos de los menores”, mencionó.
El matrimonio infantil es una forma de violencia que va en contra los derechos de los menores, ya que pone en riesgo su salud física y mental. Las más vulnerables a este comportamiento son las niñas, ya que desde temprana edad son vulnerables a sufrir violencia de pareja, embarazos prematuros y complicaciones en el parto.
En ese contexto, la reforma aprobada incorpora este término en el artículo 194 del Código Penal, imponiendo una pena de ocho a 15 años de prisión a aquellos que participen u obliguen a un menor de edad a estar en una unión informal, ya sea con o sin su consentimiento, con un adulto o incluso con otro menor de edad.
Estas penas podrán aumentar hasta una mitad si la víctima pertenece a algún pueblo, comunidad indígena o afro mexicana, lo que significa que la pena podrá elevarse hasta 22 años de cárcel.
Será la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, el ente encargado de recibir y atender las denuncias ciudadanas relacionadas con cualquier caso de matrimonio infantil en el estado.
