PALOMA WONG
GRUPO CANTÓN
• Antonio Ramos Pérez, afirmó que la alcaldesa de Solidaridad ha violentado la ley de obras públicas al otorgar en forma directa las licitaciones; ya que de los 58 contratos firmados, 26 son con recursos propios y 32 con recursos federales. De las 58 licitaciones hechas en 2019, el 30% se le asignó a una persona sin garantizar la eficiencia de los recursos ni el beneficio del Estado o el municipio.
De los 32 participantes, hay 26 contratistas que dieron domicilios fiscales inexistentes. Son 26 empresas que las buscas y no la encuentras, es decir son de “chocolate”.
De las empresas 20 fueron constituidas fuera del Estado (14 en Yucatán y otras de Campeche Chiapas, Tabasco, Nuevo León y Zacatecas) que no cubren los dos años que pide la ley de obra pública para poder participar en las licitaciones.
Ramos Pérez hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar minuciosamente el documento entregado para fincar responsabilidades. Esta es la segunda ocasión que se hace dicha solicitud, aunque la primera no procedió.
