REDACCIÓN / GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- José Luis Pech Galera, hijo del diputado local de Movimiento Ciudadano y ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, no pisará la cárcel tras declararse culpable de participar en la denominada “Estafa Maestra”. Una juez federal lo sentenció a ocho meses con 29 días de prisión por la contratación ilegal de 20 millones de pesos cuando era rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR), pero la pena fue conmutada por trabajos comunitarios. Además, se le impuso el pago de la reparación del daño, aunque por ahora no tendrá que resarcir los 20 millones de pesos del desvío.
Si una persona común roba comida por hambre o comete un delito menor, termina en la cárcel. Si alguien realiza un fraude de 10 mil pesos o abusa de la confianza en su trabajo, también enfrenta prisión. Pero cuando un político con influencias lo hace y cuenta con el respaldo de su padre, también político, como el exsenador y ahora diputado local José Luis Pech Várguez, quien predica honestidad y cambio, el responsable no pisa la cárcel.
La juez Alejandra Domínguez Santos argumentó que la determinación del monto de reparación debe ser realizada por un juez de ejecución de sentencia y no por ella. También señaló que Pech no puede ser obligado a cubrir la totalidad del daño mientras los otros dos acusados, José Antolino Orozco Martínez, exfuncionario de la SEDATU, y Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Tesorería de la misma dependencia, no hayan recibido sentencia.
La Auditoría Superior de la Federación impugnó el fallo, al considerar que vulnera el principio de legalidad y los derechos de la víctima.
El caso se remonta a 2015, cuando la SEDATU firmó un convenio con la UPQR para un diagnóstico destinado a mejorar la gestión territorial y la vivienda. Sin embargo, Pech Galera subcontrató el 100% de los servicios a ocho empresas, violando la Ley de Adquisiciones.
Entre las empresas beneficiadas se encontraba una en la que el propio Pech figuraba como apoderado legal, la cual utilizó parte de los fondos para adquirir vehículos de lujo y realizar transferencias a otras compañías. A través de un procedimiento abreviado, el acusado logró una pena reducida, evitando así enfrentar un juicio y prisión efectiva.
Desvío de fondos
El caso contra José Luis Pech Galera se originó a partir de un convenio general firmado el 29 de septiembre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQR). Este acuerdo tenía como objetivo elaborar un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la dependencia federal y sus órganos desconcentrados.
El documento estipulaba que su propósito era “contribuir al aprovechamiento del potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y el desarrollo agrario”. Posteriormente, el 5 de octubre del mismo año, se firmó un convenio específico mediante el cual la SEDATU transfirió 20.1 millones de pesos a la universidad para llevar a cabo el proyecto.
La imputación señala que la UPQR, bajo la presidencia de Pech Galera, subcontrató el 100% de los servicios con ocho empresas, violando la Ley de Adquisiciones, que solo permite subcontratar hasta el 49% del total. Entre las empresas contratadas destacan: Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, Comercializadora DW Prisma, Infotecnick, AM Sistemas Informáticos, Competencias y Habilidades para el Trabajo A.C., Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, Custom Performance e Integración Documental.
La Fiscalía General de la República (FGR) subrayó que una de estas empresas, Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, recibió 6.8 millones de pesos y tenía a Pech Galera como apoderado legal. Con esos recursos, la empresa adquirió tres camionetas Mazda CX-3 y una Mazda CX-9 por un monto total de 1.56 millones de pesos, además de realizar transferencias a otras compañías, lo que despertó sospechas de desvío de fondos.
