Fotografía tomada por Belkomedia para DHC AGUAKAN para uso en redes sociales y web.
REDACCIÓN / Grupo Cantón
CANCÚN.- Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, fijó esta noche, a nombre de la administración, el posicionamiento en contra de la concesión de Aguakán, así como el compromiso con la ciudadanía para avanzar en el litigio en contra de esta empresa.
Al dar lectura al posicionamiento oficial en una conferencia de prensa realizada esta noche, la encargada de la política interna del gobierno estatal señaló que la demanda social por la terminación de la concesión se sustenta en varias irregularidades detectadas en la prestación del servicio y en la prórroga de la concesión otorgada en 2014.
La funcionaria explicó que la concesión, originalmente otorgada en los años 90, fue extendida de manera ilegal en 2014 hasta el año 2053 y ampliada al municipio de Solidaridad, sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.
Comento que en mayo de 2024, el gobierno estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, lo que llevó a la integración de una carpeta de investigación y la emisión de órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakán por presuntos delitos de lavado de dinero y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos.
Refirió que, en materia de salud y medio ambiente, estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) y especialistas del sector salud detectaron contaminantes en el agua potable y niveles elevados de coliformes fecales y E-coli en aguas residuales, lo que representa un riesgo para la salud pública y el ecosistema.
Además, al referirse a las acusaciones de hostigamiento emitidas hace una semana por Aguakán, Cristina Torres enfatizó que el gobierno estatal ha actuado conforme a la ley.
Indicó que la reciente reunión con representantes de la empresa se llevó a cabo a petición de la concesionaria, con el fin de analizar posibles afectaciones a inversionistas y trabajadores.
Aseguró que, en ese encuentro, Aguakán ofreció la posibilidad de que el estado adquiriera la empresa, pero la administración estatal rechazó la propuesta.
Resaltó que la administración estatal no aceptará ninguna propuesta de adquisición de Aguakan y que la única vía posible es la terminación de la concesión.
Subrayó que las denuncias presentadas por el gobierno estatal buscan garantizar la legalidad y la transparencia en la gestión del agua en Quintana Roo.
Finalmente, la secretaria informó que en los próximos días, dará a conocer avances sobre los nuevos procesos legales emprendidos en contra de la concesión.
El Gobierno de Quintana Roo ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos en el litigio contra la empresa concesionaria Aguakan, debido a las irregularidades detectadas en la prestación del servicio de agua potable y drenaje sanitario.
El hartazgo social acumulado durante años, sustentado en la falta de abastecimiento de agua, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos y deficiencias en la administración del drenaje, entre otras fallas, han generado un rechazo generalizado de la población hacia la empresa.
Dicho descontento se expresó en la consulta popular realizada, en la que la mayoría de los ciudadanos votaron a favor de la revocación de la concesión.
Desde el inicio de la administración actual, se han emprendido diversas acciones para garantizar la legalidad y transparencia en el manejo de la concesión otorgada a Aguakan.
Para ello, se realizaron auditorías técnicas, financieras, contables y fiscales, así como inspecciones en plantas de tratamiento y análisis de calidad del agua. Estas investigaciones revelaron diversas irregularidades, lo que derivó en la presentación de denuncias formales ante las instancias correspondientes.
Entre las principales acusaciones se encuentra la prórroga ilícita de la concesión en 2014, extendiéndola hasta 2053 y ampliándola a Solidaridad sin la facultad legal para hacerlo.
El pasado 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que resultó en la emisión de órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan por operaciones con recursos de procedencia ilícita y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos.
En materia de salud y medio ambiente, los muestreos realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y especialistas en epidemiología del IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud revelaron graves afectaciones sanitarias.
Se detectó la presencia de contaminantes en el agua potable en niveles superiores a los permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas, representando un riesgo a la salud de la población.
Asimismo, en las aguas residuales se encontraron niveles elevados de E-coli y coliformes fecales, generando un impacto ambiental irreversible.
En respuesta a la difusión parcial de una reunión entre representantes del Gobierno del Estado y directivos de DHC (empresa matriz de Aguakan), la administración estatal aclaró que el encuentro respondió a una petición de la empresa y se centró en la posible afectación a inversionistas de Afores y a los derechos laborales de los trabajadores.
En ningún momento se estableció acuerdo alguno ni se negoció la compra de Aguakan, pues la posición del Gobierno es clara: la concesión debe finalizar. Además, se reiteró que las acciones legales emprendidas buscan garantizar la justicia y la transparencia, sin afectar la inversión privada ni los ahorros de los ciudadanos.
El Gobierno de Quintana Roo sostiene que el patrimonio del pueblo no está en venta y que el agua es un derecho humano, no un privilegio ni un negocio para unos cuantos.
Con la llegada de la Cuarta Transformación, se ha consolidado el principio de que la voluntad popular y el interés público están por encima de cualquier beneficio privado.
En ese sentido, se continuará con el proceso legal para la revocación de la concesión, garantizando que en Quintana Roo nadie está por encima de la ley y que el Gobierno defenderá a la ciudadanía hasta sus últimas consecuencias.